¡Imperdonable!
La Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada de Asuntos Civiles y de Familia actuó en un proceso de anulación, sin contar con un poder.
Kenia Porcell, exprocuradora general de la Nación, quien renunció a su cargo luego de la aparición de los Varelaleaks. Archivo.
En un proceso civil que le costaría a los contribuyentes $10.7 millones, la Fiscalía de Circuito de Litigación Especializada de Asuntos Civiles y de Familia, en la gestión de la procuradora Kenia Porcell, cometió el error de actuar en un caso sin contar con un poder.
Se trata del laudo arbitral entre Pandeportes y el consorcio Condotte Panamá, Advance Surfaces México y LIV Sport por la construcción de los proyectos de la polémica Ciudad Deportiva, en el cual la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó un fallo en favor de la constructora.
En el laudo arbitral, Pandeportes estuvo representado por la firma de abogados Morgan y Morgan, mientras que el consorcio contrató al bufette ARIFA.
No obstante, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia advirtió que la Fiscalía presentó un escrito de contestación que "no vino acompañado de comprobante alguno que lo faculte para actuar en el presente proceso".
"Al no presentar poder, la Fiscalía carece de legitimidad para actuar en el presente proceso, ya que no tenemos forma de comprobar su debida facultad para representar los intereses del Estado en este caso particular. Consecuentemente, la documentación aportada no se tomará en consideración", enfatizó la Corte.
En su defensa, la Fiscalía argumentó que el mandato para actuar en este proceso le fue delegado por la Procuraduría General de la Nación, a cargo de Kenia Porcell, mediante una resolución del 15 de mayo de 2019, sin embargo, no cumplió con un elemento procesal básico, como lo era presentar la respectiva copia.
Por lo tanto, la Sala Cuarta le rechazó este argumento jurídico.
El 6 de enero de 2017, la Sala Cuarta de la Corte hizo el respectivo reparto de casos, quedando el recurso de anulación presentado por la citada Fiscalía, en representación de Pandeportes, contra el laudo arbitral de la Ciudad Deportiva de David, radicado en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega, actual presidente de la Corte Suprema.
Para Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, la situación en este caso es un "absurdo de proporciones mayores", al llevar un proceso en contra de empresarios y funcionarios cuando había una justicia arbitral que ya había decidido que la empresa tenía la razón.
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"Primero, porque la justicia arbitral está debidamente constitucionalizada en Panamá, está al nivel de la Constitución, no es que es algo meramente privado, es una forma de actuar de la justicia por vía del arbitraje y cuando el ente de justicia se ha pronunciado ya sobre un tema, no puede venir una fiscalía que no tiene idea de lo que hace y que me da lástima no recordar el nombre de la fiscal, porque ya debería estar presentando la renuncia", explicó.
Enfatizó que la actuación de esa misma fiscal le va a costar otro poco de millones de dólares al Estado panameño. Esto por su "error" de haber hecho un proceso a pesar de existir un laudo arbitral, el cual fue ratificado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, "es decir no admite discusión alguna".
"Esa fiscal, que no solo investigó, sino que ordenó la detención de esas personas, hoy día le va a tener que explicar al país cómo es que la Sala Cuarta de Negocios Generales y un Tribunal de Arbitraje independiente llegaron a la conclusión de que los empresarios tenían la razón y ella cometió la estupidez de agarrar y detener a un poco de empresarios, a pesar de existir un laudo arbitral a favor", dijo Vallarino.
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