Hombre acusado de desaparición durante la dictadura regresa a Panamá deportado por Nicaragua
Garzola Ruíz tenía una notificación roja de Interpol Panamá publicada el 7 julio de 2025 y que fue ubicado en Managua el 30 de julio de 2025.
En 2012, el Gobierno panameño informó de una indemnización de 681.000 dólares por la desaparición forzada de la estudiante, descrita como opositora a la dictadura militar. Foto: Archivo
El panameño Emilio Garzola Ruíz llegó a Panamá deportado por Nicaragua y detenido por su presunta participación en la desaparición forzada de la estudiante Rita Irene Wald Jaramillo en marzo de 1977, durante el régimen militar y cuando la joven tenía diecisiete años de edad, informó este viernes la Policía.
Un breve comunicado de prensa de la Policía Nacional (PN) indicó que Garzola Ruíz mantenía una notificación roja de Interpol Panamá publicada el 7 julio de 2025 y que fue ubicado en Managua, la capital de Nicaragua, el 30 de julio de 2025.
Tras su arribo al istmo, se hizo efectiva la aprehensión de Garzola Ruíz, quien será puesto a órdenes de las autoridades judiciales panameñas, que continuarán con el proceso legal correspondiente, agregó la información oficial.
La Policía recordó que Rita Irene Wald Jaramillo, de 17 años, "era estudiante y activista del movimiento estudiantil, y su desaparición ocurrió en un contexto marcado por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar en Panamá".
Según un informe elaborado en 2002 por la llamada Comisión de la Verdad, un grupo independiente creado para investigar los crímenes de la dictadura, Rita Wald Jaramillo es una de las 110 personas asesinadas o desaparecidas durante el régimen militar que gobernó Panamá entre 1968 y 1989.
Cuando desapareció la joven en marzo de 1977, controlaba el país el general Omar Torrijos (1969-1981) y Manuel Antonio Noriega (1983-1989) estaba al frente del G-2, la unidad de inteligencia y contrainteligencia de la extinta Guardia Nacional.
En 2012, el Gobierno panameño informó de una indemnización de 681.000 dólares por la desaparición forzada de la estudiante, descrita como opositora a la dictadura militar y vinculada a movimientos populares, y en el 2017 el Estado pidió perdón públicamente por el caso.