Hospital Modular se facturó 53% por encima del valor registrado

El precio del hospital modular de Albrook sigue siendo un tema de discordia, en medio de una investigación anunciada por el Ministerio Público, y luego de fuertes señalamientos de un posible sobrecosto.

Las diferencias entre el valor de la construcción del hospital modular registrado en el Municipio de Panamá, contra el valor del contrato enviado a la Contraloría de la República para su refrendo, es abismal.

Smartbrix Centroamérica S.A. registró la obra en el Municipio de Panamá, con un valor de 3 millones 761 mil dólares, para calcular la tasa del permiso de construcción, mientras que el contrato que reposa en Contraloría es por 6 millones 998 mil 870 dólares.

Esto representa una diferencia de 53.7% entre los dos precios que se han registrado por el hospital modular a cargo del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Sin embargo, el MOP emitió ayer un corto comunicado en el cual trató de explicar la diferencia de precios. "Es un error interpretar que el valor establecido para calcular la tasa del permiso de construcción es igual al precio total del Hospital Integrado Panamá Solidario", indica textualmente el comunicado del Ministerio de Obra Públicas.

Smartbrix Centroamérica S.A. también enfrenta nuevas interrogantes sobre el trabajo que realizó, las cuales se suman al tema del supuesto sobrecosto que han denunciado algunos medios de comunicación social del país.

La obra sí cuenta con un contrato presentado ante la Contraloría para su refrendo, con número de control 9089046, a un costo de 6 millones 998 mil 870 dólares. Fuentes vinculadas a la empresa afirman que los módulos contenedores fueron comprados por Smartbrix a la holandesa Van Oordl, contratista que construyó una terminal Moín, en Puerto Limón, Costa Rica, lugar al cual habría viajado el mismo representante de la Nitesh Mayani para concretar el negocio.

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El precio de venta de los 160 contenedores habría sido de 85 mil dólares, los cuales Mayani habría pagado en cheque, para después hacerse cargo de la importación y el traslado a Panamá.

El tema de los contenedores importados de Costa Rica, aún no ha sido aclarado por Smartbrix.

Solamente, el ministro de Obras Públicas de Panamá, Rafael Sabonge, dijo que el contrato establece que las estructuras tenían que ser nuevas y no de segunda mano.

En medio de la polémica por el precio final del hospital modular para el COVID-19 y las condiciones de los contenedores importados de Costa Rica, documentos y miembros de la Sociedad Panameña de Arquitectos (SPIA) advierten de otra posible irregularidad en el mismo.

En la propuesta que la empresa Smartbrix presentó al Ministerio de la Presidencia, el 16 de marzo pasado, dijo que sus sistemas de construcción son los "únicos rubros avalados por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, a través del certificado de cumplimiento con el reglamento vigente REP-2004 y REP-2014, lo cual lo hace sumamente seguro para su uso".

Sin embargo, la certificación de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura de Panamá, a la que hizo referencia Smartbrix, en su propuesta al Ministerio de la Presidencia, solo autoriza el uso de sus sistemas para la construcción de viviendas unifamiliares pequeñas y no para desarrollar un hospital.

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"En el 2006, a Smartbirx nunca se le dio esa resolución y esa autorización, ya que esa autorización se le dio solamente para la construcción de viviendas unifamiliares y solo era restrictivo para eso. A ellos nunca se les autorizó por parte de la Junta Técnica para construir más allá de viviendas unifamiliares y además ellos tienen que cumplir con el código de seguridad humana. Podríamos estar ante un caso donde se falseó la información, pero esto le corresponderá a las autoridades establecerlo", dijo un exdirectivo de la SPIA.

El escándalo por las supuestas irregularidades en la construcción del Hospital Modular ha generado que una empresa turca haya anunciado que presentará una demanda por el uso no autorizado de su nombre.

La empresa Turmaks, de sistema modulares, afirma que una propuesta económica que elaboró para un hospital modular en Colombia terminó siendo utilizada en Panamá, sin su consentimiento.

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