El denominado "Lawfare", o guerra jurídica, que fue usada durante el Gobierno del expresidente Juan Carlos Varela para perseguir aopositores, sigue activo.

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Así lo manifestó el abogado Alejandro Pérez, quien indicó que esta práctica se sigue dando con la componenda de algunos medios de comunicación social que se han prestado para ello.

El "Lawfare" consiste en el uso abusivo de los procedimientos legales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente.

Práctica que se hace en muchas ocasiones con el afán de mantener una determinada presión mediática sobre algunas personas, señaló Pérez.

Agregó que durante la administración pasada se usó para perseguir al expresidente Ricardo Martinelli y muchos de los miembros de su gabinete. De lo cual, según el jurista, ellos cuentan con las pruebas sobre esta práctica.

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"Este es un instrumento político muy poderoso, ya que mucha de esta información se publica como si fuera verdad y está respaldada por declaraciones de personajes que están para eso, apuntalar el "Lawfare" que se da en el país", puntualizó el abogado.'

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años de edad tiene actualmente el expresidente de la República, Juan Carlos Varela Rodríguez.

Pérez añadió que parte de este "Lawfare" se hace con personas que todavía están dentro del aparato del Ministerio Público (MP) y dijo que lo único que ha variado es que institucionalmente no existe una procuraduría paralela.

"Pero de que todavía hay figuras de esta procuraduría paralela con suficiente poder para tratar de no investigar o mal investigar lo que tiene que investigar, sí existen, allí están los personajes, hay que sacarlos, hay que removerlos, no se puede dejar en manos del ratón, el cuidado del queso", explicó.

Por su parte, el abogado Luis Eduardo Camacho González, indicó que a pesar de que en el MP se ha dado un bajón en la intensidad de la persecución que se dio a los adversarios de Varela, todavía siguen fiscales que estuvieron bajo el mandato de la entonces procuradora Kenia Porcell, que continúan con parte del trabajo que hacían anteriormente.

"Eso tiene una explicación lógica, y es que aquellas personas que violaron la Ley con la anuencia de sus jefes, porque si el jefe cae, también caen ellos, en el MP hay un cáncer que todavía no ha sido eliminado", indicó.

Camacho precisó que en el Ministerio Público todavía quedan fiscales como Zuleyka Moore, Tania Sterling y Aurelio Vásquez, funcionarios muy cercanos a Porcell que le restan confianza a las investigaciones.

Importante

Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), pudo haber existido "Lafware" en la administración anterior frente a las conductas realizadas que reflejaban una selectividad en las investigaciones.

"No es aceptable y no debe permitirse, ya que implicaría la violación de derechos y garantías de las personas que son investigadas", puntualizó.

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Fraguela indicó que, evidentemente, al permanecer en sus puestos sin variación alguna los mismos funcionarios que adelantaban las investigaciones que rayaban en la selectividad, aflora la inquietud de por qué variaría su manera de pensar con un nuevo regente del Ministerio Público.

"La pregunta podría tener la siguiente respuesta lógica: seguían instrucciones ¿de quién o para qué?, y ahora frente a una nueva cabeza, se haría un procedimiento objetivo e imparcial, para que se viera que no hay un fin u objetivo", indicó el jurista.

El exvicepresidente del CNA agregó que las investigaciones en este momento deben llevarse en apego a la Constitución y a la Ley, respetando la presunción de inocencia y no asumiendo que se presume culpable y el señalado debe demostrar que es inocente.

"Lo que pudo ocurrir en otrora debe ser referencial para evitar que esas conductas se repitan. Durante la administración de Laurentino Cortizo, no veo la selectividad ni la persecución que se podía ver en otra época", expresó el abogado Fraguela.

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