De acuerdo con información obtenida por este medio, la investigación está siendo llevada a cabo por las recién nombradas fiscales anticorrupción.
El Ministerio Público (MP) abrió una investigación por la compra del aparato tecnológico conocido como "metabuscador" durante la administración de la exprocuradora general de la nación, Kenia Porcell.
Esta investigación la está realizando la Fiscalía Especializada Anticorrupción, según ha podido conocer este medio.
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Una fuente del Ministerio Público indicó que dicha investigación la están llevando a cabo las dos nuevas fiscales, Anilú Batista y Azucena Del Rosario Aizpurúa, designadas en dicha fiscalía por el procurador general Eduardo Ulloa.
Esta es la misma fiscalía donde labora Zuleyka Moore, muy cuestionada durante la administración pasada por el presunto manejo selectivo que le dio a algunos procesos seguidos a adversarios del ahora expresidente Juan Carlos Varela.
Hay que indicar que este equipo tecnológico tiene la capacidad de darle seguimiento a correos electrónicos, redes sociales, sociedades, cuentas bancarias y todo tipo de información que se ingresara a su base de datos.
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Según información recopilada por este medio, el equipo estaba funcionando desde el 14 de junio del año 2016, pero no fue hasta junio de 2017 que la exprocuradora Porcell firmó el contrato con la empresa española Innotec System.'
14
de junio del año 2016 es la fecha desde la cual supuestamente funcionó este equipo.
18
mil dólares habría pagado el MP, baja la dirección de Porcell, para adquirir un programador.
En dicho contrato, la Procuraduría General de la Nación se comprometía a pagar al contratista español la suma de $610 mil (incluyendo $39 mil de impuestos) para el suministro de programas (software) y equipos (hardware).
Documentos a los que este medio tuvo acceso revelaron que la empresa Innotec le incluyó al Ministerio Público 77 mil 969 dólares en viáticos y viajes entre Panamá y España.
Dentro de estos pagos a esta empresa se incluyó la suma de 151 mil 322 dólares por los servicios de un equipo de expertos en gestión gubernamental, 18 mil dólares por un programador y 89 mil 170 en la contratación de otro personal.
Este equipo tecnológico supuestamente estaba ubicado en el primer piso del edificio Salón, frente a la iglesia Don Bosco, en una zona restringida conocida como el "búnker" y desde allí se distribuía toda la información a tres grupos especiales que la procesaban junto a fiscales del MP.
Ante el conocimiento de la existencia de este equipo tecnológico, a finales del año pasado, el abogado Jamis Acosta y Luis Eduardo Camacho Castro presentaron una denuncia en contra de Porcell ante la Procuraduría de la Administración, que dirige Rigoberto González, a la cual se le dio trámite y se abrió una investigación en contra de la exfuncionaria
Hay que indicar que en su momento Panamá América envió un cuestionario al Ministerio Público para conocer detalles de dicho contrato y la existencia de tal equipo tecnológico, sin embargo nunca se recibió respuesta de la institución.
Para el jurista y expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Alfonso Fraguela, es importante que el Ministerio Público inicie las investigaciones de hechos que generan dudas sobre la ilegalidad de las actuaciones de algunas personas en los cargos que ocuparon.
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"Esperemos que esas investigaciones concluyan con sanciones para mandar un mensaje claro que estamos en un Estado de Derecho y que la ley se aplica a todos por igual", puntualizó el jurista.
Fraguela indicó que durante la gestión anterior en el Ministerio Público se hablaba de una justicia selectiva, por lo que cree que todas esas herramientas digitales son para ubicar al delincuente y no para emplearla como un instrumento de persecución política, lo que dista mucho para lo que fue adquirido.
Por su parte, el abogado Silvio Guerra manifestó que nadie en este país, sea persona que ejerza mando o particular, puede intervenir o meterse en las conversaciones privadas de las personas. Eso solo lo permite una norma jurídica que exige que se le pida autorización a la Corte Suprema de Justicia.
"Es la Corte Suprema de Justicia la que autoriza la intervención, pero además, sujeta a algunas condiciones cuando tienen pleno convencimiento de que se va a cometer o perpetrar un crimen, cuando se trata de delitos de terrorismo y algunos tipos penales", manifestó Guerra, quien agregó que no es cuestión de intervenir por intervenir.
"Usted pudo haber sido procuradora, puede ser fiscal o juez y usted no puede correr a escuchar de buenas a primeras lo que conversan determinadas personas", puntualizó el jurista,
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Ante esto, Guerra indicó que si las fiscales nombradas por el procurador Eduardo Ulloa están investigando, es porque tienen bien claro los visos altamente delictivos que puedan presentarse en la investigación.
En tanto, el abogado Luis Eduardo Camacho González indicó que no duda de las capacidades de las dos nuevas funcionarias, las cuales llevan esta investigación, pero no es menos cierto que existe un grupo grande de funcionarios en esta institución que formaron parte de ese engranaje de la exprocuradora Kenia Porcell.
A su juicio, van a tratar de ocultar cualquier información, ya que si se demuestra la responsabilidad en los hechos que se le acusa, la misma sería compartida con ellos, dijo el jurista.
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