Panamá
Operativos de seguridad del Gobierno son poco efectivos, porque no atacan delitos que afectan a los panameños
En lo que va del actual Gobierno, aproximadamente siete han sido las operaciones lanzadas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, sin embargo, los índices de inseguridad se mantienen altos.
- Luis Ávila
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- - Actualizado: 13/1/2022 - 06:36 am
Experto indica que los delitos comunes en Panamá no son atacados de buena manera por las autoridades.
Los operativos implementados en el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo, enfocados a combatir la delincuencia y el crimen organizado, no tienen una efectividad total y la inseguridad se mantiene como uno de los principales problemas que afectan al panameño.
En lo que va del actual Gobierno, aproximadamente siete han sido las operaciones lanzadas para combatir la delincuencia y el crimen organizado, sin embargo, los índices de inseguridad se mantienen altos.
La última medición de la firma Gallup Panamá reveló que 7 de cada 10 encuestados consideran que el crimen y la delincuencia ha aumentado en los últimos cuatro meses. Otro 28% asegura que se ha mantenido igual.
Entre las operaciones lanzadas por este Gobierno a través del Ministerio de Seguridad están: Diamante Azul, Guardianes 2020, Semana Santa, Caribe 2, C9, Fisher, está última en la que se logró incautar más de 12 millones de dólares, así cómo algunos bienes y propiedades en diversos puntos del país.
Actualmente está en marcha la Operación Génesis 2022, la cual ha logrado sacar de circulación a más de 799 supuestos delincuentes de las calles del país.
Para Isaac Brawerman, presidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Panamá (APAP) y experto en temas de seguridad, estos operativos que realizan las autoridades son positivos, sin embargo no atacan los delitos comunes que afectan a los panameños.
Agregó que otro factor que hay que considerar es el tema de la judicialización de los delincuentes, ya que según él hay muchos casos que se caen a la hora de una sentencia y que no se logra condenar a varios de estos presuntos delincuentes que capturan en estas operaciones.
“Allí hay que hacer un estudio de casos caídos o que no prosperaron y ver dónde están las falencias, que principalmente se van a dar cuenta de que está en la parte investigación, es allí donde se crean los problemas, que después a la hora de llegar a fase intermedia o a fase de juicio lo que hacen es que los casos se caigan”, explicó.
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Brawerman añadió que hay muchos presuntos delincuentes que han sido procesados, pero que están en la calle porque no lo lograron condenar.
“Esa es una falencia que parece que el Ministerio de Seguridad y la propia cúpula del Gobierno no han sabido cómo atacar”, expresó.
El experto enfatizó que por otro lado está el problema de la delincuencia común que está en la calle, que no necesariamente tiene que ver con narcotráfico, sino el delincuente el de calle, “el que se roba un teléfono, un equipo de sonido, etc”.
“Este es un problema que afecta al panameño de a pie y que son quienes responden las encuestas, entonces este tipo de delitos no son necesariamente atacados con estas operaciones, ya que aquí estamos hablando de crímenes comunes, que es el que los panameños perciben, porque son los que afectan directamente, que le roban en una parada de bus, etc”, sentenció.
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Puntualizó que en este tema hay otros factores, cómo por ejemplo la falta de oportunidades, la pobreza, la educación.
Por otro lado, Brawerman, señaló que también está el tema de la justicia comunitaria de paz, que cuenta con un hueco legislativo y permite los delitos de bajas cuantías.
“Esa ley tiene que revisarse, porque si no es una ley que invita a los delincuentes a hurtar en bajas cuantías porque saben que no hay penas, las penas son multas y si no las pagan no pasa nada, entonces sale rentable cometer diez hurtos de cuantías bajas, que uno de cuantía alta, porque si te capturan en este último podrías enfrentar pena de cárcel, pero si lo hacen en el de cuantía baja solo te multan”, dijo.
De forma puntual, el experto indicó que este es un problema que el Ministerio de Seguridad no ha querido atender, ya que está institución debe encargarse de proponer políticas públicas y
debe enfocarse en ver cómo soluciona los huecos que está ley de justicia comunitaria deja.
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