Pacientes del dietilenglicol irán a CSJ por certificaciones

A pesar de que las víctimas del dietilenglicol lograron que el Gobierno les aumentase en $200 la pensión vitalicia a la que tienen derecho, su lucha está lejos de terminar.

Y es que hay más de 1,000 pacientes que no han sido reconocidos como víctimas de este oscuro episodio de la salud pública, los cuales no han querido ser aceptados como tales por una comisión evaluadora.

Gabriel Pascual, dirigente de estas personas, declaró que las últimas personas que fueron certificadas como víctimas y que forman parte de los beneficiados con la pensión vitalicia datan de 2017, cuando el Ministerio Pública (MP) llevaba este caso.

Desde ese año, una comisión, conformada por tres doctores del Ministerio de Salud (Minsa), tres de la Caja de Seguro Social (CSS) y un abogado, se ha encargado de aquellos casos que quedaron pendientes en el MP y los nuevos que surgieron.

Desde ese momento comenzó la polémica, porque a juicio de los pacientes, la comisión se ha atribuido intepretar la norma, cuando lo que tiene que hacer es cumplirla.

"La comisión evaluadora expresa que para certificar a los pacientes, estos deben cumplir con dos criterios, mientras que la ley tipifica que solo se requiere uno", expresó Pascual.

Por eso es que estos casos han sido rechazados, situación que no comparten las víctimas por lo que acudirán a la Corte Suprema de Justicia para demanda de inconstitucionalidad contra esta decisión, así como otra por daños y perjuicios en contra de los pacientes.

Pascual agregó que también acudirán a la Corte Suprema para que se aclare el derecho que tienen familiares de víctimas certificadas que fallecieron de recibir los beneficios conque contaba y que es algo que está regulado.

Según el dirigente, hay 10 casos que se encuentran en esta situación en que familiares no han podido seguir cobrando la pensión que recibía la víctima en vida.

Las víctimas del dietilenglicol piden para que se solucione esta controversia, que se cambie a los miembros de la comisión y que el ente rector no interprete la norma, sino que la cumpla, para que estas 1,000 personas pueden recibir su certificación de sobrevivientes de un tóxico que les cambió la vida, al dejarlos con secuelas en su salud.

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