Pacto de Estado por la Justicia no ha cumplido con su rol

En 2005 se suscribió un compromiso nacional denominado Pacto de Estado por la Justicia, con la finalidadad de reestructurar y modernizar el sistema judicial panameño, a fin de que este fuera independiente, transparente y eficiente.

Casi 20 años después, las interrogantes con respecto a su funcionalidad y eficiencia han surgido, sobre todo en un momento en el que los cuestionamientos al sistema judicial se han acentuado.

El abogado Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, recuerda que el Pacto de Estado por la Justicia nació con el objetivo de jugar un rol importante dentro del mejoramiento de justicia en Panamá.

"La intención de su creación fue y es buena. Se ha constituido en una especie de auxiliar orientando a los jefes de gobierno, durante el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros", dijo Fraguela.

No obstante, el abogado subraya que es una instancia que debe jugar un rol más beligerante frente a temas importantes en materia legal.

"Actualmente se han incluido una serie de organismos que no estaban dentro de los que originalmente se aprobaron, lo que quizás relaja la labor técnica en materia legal que deben realizar", agregó.

Por su parte, el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, va más allá y es del criterio que ese pacto debe disolverse. Araúz destacó que los pactos suscritos no tienen necesariamente que ser permanentes.

Como parte de los cambios que requiere la justicia panameña, Araúz le recomienda al presidente José Raúl Mulino como primer paso declarar la disolución de este pacto, que desde su óptica no ha producido cambios importantes.

"El pacto no ha dado resultado en transformaciones y los pactos de Estado no pueden ser perpetuos. Esa disolución del pacto implicaría un diálogo por la justicia en el que se busquen nuevos consensos", remarcó.

Recalcó que el caso Mossack-Fonseca es una de las muestras de esas fallas que siguen predominando en el sistema de justicia.

Precisamente, en este sentido, la abogada Edna Ramos Chue puntualizó que la seguridad jurídica es uno de los pilares del país, que incide en otros elementos como la economía y las inversiones.

"Tanto hemos luchado para que se diera una carrera judicial como parte de esa seguridad jurídica. Ahora hemos visto con dolor cómo se ha trastocado el orden jurídico nacional. Hemos visto a funcionarios del Ministerio Público, jueces y fiscales actuar con temor, que era lo que buscábamos erradicar con la carrera judicial", dijo.

La carrera judicial, así como la implementación del Sistema Penal Acusatorio, han sido algunos de los objetivos alcanzados como parte del Pacto de Estado por la Justicia.

Cuando se suscribió este pacto, bajo la administración de Martín Torrijos, la intención también era contar con funcionarios judiciales idóneos e imparciales que rindieran cuenta de su gestión.

Sin embargo, las presiones y llamadas siguen interfiriendo en el ámbito judicial.

"Tienen temor de ser destituidos si no cumplen con el mandato de una llamada. Hago el llamado a la carrera judicial a meditar lo que ha sucedido en estos últimos años", mencionó Ramos.

El presidente Mulino se refirió esta semana a la judicialización del Estado y la importancia de recuperar la eficiencia e independencia, por lo que considera necesaria una reforma integral, la cual anunciará a su debido momento.

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