Piden a Laurentino Cortizo evaluar situación de la cárcel de Punta Coco

Abogados defensores de los detenidos que se encuentran recluidos en la cárcel de isla Punta Coco solicitaron al presidente Laurentino Cortizo, que le preste atención a la situación que viven las personas que allí están cumpliendo condena.

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De acuerdo con la abogada Jessica Canto, los detenidos están siendo víctima de violación a sus derechos humanos, ya que algunos están sufriendo enfermedades.

En el caso de su defendido fue trasladado desde la isla de Punta Coco hasta la ciudad capital, en donde un médico especialista en temas de urología le detectó un problema renal, el cual fue causado por el agua salada.

Sumado a este caso, el detenido Azael Ramos cuenta con problemas arteriales y José Cossio sufre de un hongo en la cara, denunció la jurista.

Canto destacó que se violan resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinaron que la apertura de esta cárcel era ilegal.

La abogada indicó que ellos como defensores no están debatiendo si sus clientes son inocentes o culpables, ya que para eso están los tribunales, y lo que piden es que en un futuro ninguna de esas personas regresen a la ciudad capital en un féretro.

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20,000 dólares ha pagado el Gobierno por el traslado de los familiares de los detenidos en Punta Coco de marzo a julio de 2019

4,000

dólares mensuales es lo que le paga el Estado a la empresa TCL Panamá INC.

La abogada añadió que si bien es cierto, la Corte Suprema de Justicia recientemente emitió un habeas corpus que declaró legal el uso de las instalaciones de la isla y ordenó que se le hicieran una serie de adecuaciones, las mismas no fueron realizadas por el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela.

Además de estas situaciones, Canto agregó que está el tema del derecho a defensa y a las visitas familiares, los cuales fueron vulnerados por el Gobierno pasado, le piden a las nuevas autoridades corregir.

La letrada añadió que además de tener estas personas recluidas en Punta Coco, le representa al Estado unos $4,000 mil mensuales por el traslado de familiares y abogados.

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