La unificación de los delitos administrativos y penales, a través de la dirección de Delitos contra el Medio Ambiente de la Policía Nacional, surge como nueva estrategia para combatir la incidencia de delitos contra los recursos naturales, la vida silvestre, animales domésticos, entre otros.

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La medida busca sancionar de manera efectiva las diferentes modalidades de estos delitos, explicó Arelys Obando, asesora legal del ministerio de Ambiente.

La mayor prevalencia de los delitos ambientales en Panamá se dan contra los recursos nacionales, principalmente en las áreas de Chepo y en la provincia de Darién, a través de la tala y comercialización ilegal de cocobolo, indicó el mayor Alberto Mejía, jefe de la nueva división de Delito contra el Ambiente de la Policía Nacional.

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Otro de los delitos identificados es el consumo ilegal de los huevos de tortuga, así como la extracción de la vida silvestre, sobre todo contra aves exóticas como la guacamaya.'

Hasta el mes de septiembre de 2019, el Ministerio Público acogió 109 casos de delitos contra animales domésticos.

Los casos por destrucción de recursos naturales suman 70, principalmente por tala ilegal de árboles de especies protegidas

El incendio de masa vegetal es el tercer delito ambiental en 2019.

En cuanto a los cuestionamientos sobre la efectividad del sistema de justicia en cuanto a estos delitos, Arelys Obando recordó a la ciudadanía que al igual que el resto de los delitos, el ambiental acarrea peritaje e investigaciones, lo que en muchas ocasiones terminan con sanciones en multas, o con pena que van de tres a cinco años, que por ser penas menores se pueden conmutar con trabajos comunitarios.

A través del Centro de Atención Ciudadana 311 se han percibido un total de 1,439 denuncias, de las cuales algunas se encuentran en trámite, otras fueron desestimadas por no cumplir con la cantidad mínima de información para llevar a cabo una investigación, o simplemente, involucra conflictos con propiedad privadas, según datos de Mi Ambiente.

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En tanto, el Ministerio Público registró entre enero y septiembre de este año, 289 denuncias por delitos ambientales y 148 investigaciones de oficio.

En cuanto a los delitos contra los animales domésticos, existen dos modalidades. Una, la que investigan los fiscales del Ministerio Público a través de Atención Primaria, que es cuando se le causa lesiones graves o la muerte, que se eleva a figura penal y, segundo, cuando, se dan casos de abandono, malos tratos, los que pasan a alcaldías, Bienestar Animal o los jueces de paz.

La Policía Nacional también cuenta con la dirección nacional de Policía Rural y Turística, ubicada principalmente en parques y áreas protegidas a nivel nacional, con personal capacitado en materia ambiental, explicó Mejía.

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Desde el ministerio de Ambiente se trabaja en el reforzamiento de guardaparques en las áreas protegidas, y se refuerza con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).