Poco avance en Panamá en la lucha contra el crimen organizado

Se habla de combatir la delincuencia organizada, pero poco se ha avanzado en el tema en Panamá.  Mientras esto sucede en el país, en cambio,  Costa Rica, Colombia y otras naciones de la región se ponen a tono en la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico con la Ley de Extinción de Dominio, esta misma norma permanece engavetada en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de  la Asamblea Nacional, que preside el diputado panameñista Carlos Santana. Hace uno días las autoridades judiciales en Colombia aplicaron esta al narcotraficante Jhon Jairo Velázquez, alias "Popeye", sicario del capo abatido en 1993, Pablo Escobar Gaviria. La ley de Extinción de Dominio alcanzó a los familiares del abatido narco colombiano, como: a la mamá y hermana de alias Popeye, y a Victoria Eugenia Henao Vallejo, esposa del extinto jefe del Cartel de Medellín, Escobar Gaviria. VEA TAMBIÉN: Denuncian poco interés de diputados en debatir proyecto sobre la extinción de dominio VEA TAMBIÉN: Proyectos contra el crimen organizado se mantienen estancados Para Costa Rica, esta ley representa una de las principales apuestas (de las autoridades judiciales y policiales) para contrarrestar el narcotráfico y el crimen organizado (golpeando sus estructuras criminales que financian sus actividades ilícitas y bienes provenientes de estas). La promoción de esta norma es respaldada allá por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para tener una idea de cómo sería: quien acusa tendrá que demostrar que ese crecimiento en el patrimonio está relacionado con actividades ilícitas; la petición pasa por un juez de garantía, quien en teoría debe tener los elementos suficientes para valorar la probabilidad de que ese crecimiento sea ilícito inicia el proceso y se da un plazo para que la persona demuestre que si se le liga, por ejemplo, con el narcotráfico, no es así y que su crecimiento patrimonial está sustentado en actividades legales. Lo cierto es que la bancada de diputados oficialistas, las autoridades encargadas de perseguir el delito y aquellas de aplicar la Ley, no han hecho mucho para darle respuesta a la comunidad. Esto queda evidenciado en la V Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana en Panamá, en la que el 82 % de los panameños percibe a su país como no seguro. “A nivel nacional las cifras de percepción de inseguridad muestran un leve deterioro”, destacó Domingo Latorraca, portavoz del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.