Raúl Sandoval, en manos de la Fiscalía Especial Anticorrupción

El Ministerio Público confirmó ayer que existe una investigación por supuesto enriquecimiento injustificado en contra de Raúl Sandoval, el secretario que tuvo Juan Carlos Varela mientras fue presidente de la República.

La investigación contra Sandoval está a cargo de la Fiscalía Especial Anticorrupción y es parte de un proceso que empezó en 2018, cuando Luis Levin Montero presentó una denuncia contra el entonces funcionario de la Presidencia de la República, aduciendo que su salario de $6 mil mensuales no guardaba relación con los bienes que había adquirido.

Mientras Kenia Porcell estuvo en el Ministerio Público, la denuncia contra Sandoval nunca prosperó. Porcell y Varela mantenían una estrecha colaboración, en la cual destacaban los favores personales, nombramiento de familiares, arreglos de pago en la DGI y un préstamo hipotecario en el Banco Nacional.

Ahora Sandoval tendría que hacer frente a dos instituciones sin la protección que antes tenía.

Entre los bienes que se le señalan en la denuncia a Sandoval está la cadena de restaurantes Buko Pollo, dos carros de lujo Mercedes Benz, una residencia de playa en Punta Barco en el complejo Le Mare, un apartamento en Punta Pacífica y la revisión de sus cuentas bancarias.

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La denuncia contra Raúl Sandoval por supuesto enriquecimiento injustificado también se presentó el pasado 5 de mayo ante el despacho del contralor general de la República, Gerardo Solís.

La Contraloría emitió un comunicado diciendo que impulsaría el proceso que le compete, pero sin dar opiniones del caso específico de Sandoval. La entidad explicó que la Ley 59 de 1999 establece el procedimiento para determinar el enriquecimiento injustificado.

Ello conlleva tomar en cuenta, "la situación patrimonial del investigado, la cuantía de los bienes objeto del enriquecimiento injustificado, en relación con sus ingresos y gastos ordinarios, la ejecución de actos que revelen falta de probidad en el ejercicio del cargo que ocupó y que guarden causal con el enriquecimiento injustificado, las ventajas económicas derivadas de la celebración o ejecución de contratos u otros actos de manejo, con entidades públicas".

Para el abogado Ernesto Cedeño, en estos momentos a toda la ciudadanía le gustaría ver un Ministerio Público bien activo, algo que no se ha visto por el tema de la pandemia, para ver si se actúa con independencia, toda vez que en dicha institución no se han dado mayores cambios en su estructuración.

"Uno lo que hubiese querido, es que dentro del Ministerio Público se hubiese dado una reingeniería... no la hemos visto y queremos ver el tipo de independencia que allí hay, algo que se va a ver en la medida en que ellos analicen los casos, formen los expedientes para ver si los forman bien o no lo forman deliberadamente bien, algo que se tiene que ver en la práctica", dijo el jurista.

Cedeño indicó que hay que darle la oportunidad al procurador Eduardo Ulloa para que tan pronto se levante la suspensión de los términos judiciales, ver la actividad que van a tener los fiscales de esta institución gubernamental.

En cuanto a las investigaciones contra Raúl Sandoval, por supuesto enriquecimiento injustificado, Cedeño indicó que la prueba fundamental de este caso es el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, el cual hasta hora se desconoce.

Esta institución es la que debe determinar de acuerdo a la ley si hay o no lesión al patrimonio nacional.

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"Ante esto, yo creo que es importante ver hasta dónde se llegó o determinó algún tipo de hallazgos de la Contraloría General de la República, porque definitivamente que la matemática es exacta, en materia de enriquecimiento injustificado", dijo.

Agregó "si tú fuiste funcionario, tú tienes que probar todos los que son tus ingresos y el finiquito de tus ingresos, porque si hay enriquecimiento injustificado de algún funcionario cuando entra a la Cosa Pública y se solventan todas tus deudas", explicó.

Esto quiere decir que tiene que haber el encuadre jurídico y se verá en el transcuso del tiempo, expresó el abogado constitucionalista.

"Definitivamente hay muchos casos ahora mismo que uno no tiene confianza en el Ministerio Público porque no hemos visto un cambio de fiscales, la verdad yo no tengo confianza hasta el día de hoy... los hechos me tendrán que cambiar esta perspectiva a mí como ciudadano", puntualizó el jurista Ernesto Cedeño.

Por su parte, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público o que pudieran llevar adelante en el futuro, "se enmarcan en el principio que todos son iguales ante la ley, por lo que nadie se encuentra exento de ser llevado ante ella, si su conducta se enmarca dentro de un posible delito".

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"Las actuaciones de los funcionarios públicos deben ser transparentes y apegadas al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos que aparece descrito en el Decreto Ejecutivo número 246 de 2004, el cual es de obligatorio cumplimiento sin excepción por la jerarquía que pueda existir en la Cosa Pública o el Servicio Público", indicó el jurista.

Fraguela añadió que espera que todas las actuaciones que se adelanten sean apegadas al derecho para disipar cualquier percepción de que tiene un matiz político.

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