Represión de protestas deja a cuatro personas con pérdida de la visión
La Defensoría del Pueblo cuestionó el uso excesivo de la fuerza de la Policía Nacional y ha presentado cinco denuncias ante el Ministerio Público.
Panamá ha estado sumergida en dos semanas de protestas contra el contrato con Minera Panamá, que ha afectado la productividad. Foto: Víctor Arosemena
La represión policial contra las protestas en estas dos semanas ha dejado a cuatro personas con pérdida de visión en uno de sus ojos, incluyendo dos menores de edad.
De igual forma, hay varios heridos con arma de fuego, que se investiga como ocurrieron estos casos.
Estos datos se desprenden de un informe actualizado hasta el 31 de octubre por la Defensoría del Pueblo, cuyo personal se ha apersonado a las Casas de Paz, hospitales, policlínicas y estaciones de policía para verificar los hechos.
Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, informó que como institución han elevado recursos legales al Ministerio Público para que se investigue el uso de gases lacrimógenos vencidos por parte de la Policía Nacional y el abuso policial con el uso de los 'pepper ball' o proyectiles de gas pimienta.
Además, se ha pedido que se investigue los casos de los menores que quedaron sin visión en uno de sus ojos, ocurridos en las provincias de Chiriquí y Veraguas, y el del obrero impactado con perdigones a la altura del puente de las Américas, quien se encuentra hospitalizado y requirió de una intervención quirúrgica para salvarle la vida.
Este último incidente sería una evidencia del uso de perdigones para dispersar protestas multitudinarias, situación que no está permitida.
"Le tocará al Ministerio Público determinar si los miembros de la Policía Nacional utilizaron perdigones, y al Instituto de Medicina Legal le tocará hacer las experticias y determinar si hay incumplimiento de la ley y abuso de autoridad", indicó Leblanc.
El Ombudsman dijo sentirse preocupado por el uso excesivo de la fuerza por parte de los uniformados y la cantidad de gases lacrimógenos utilizados para dispersar las protestas, ya que afectan a personas que no participan de estas.
Entre las quejas abiertas por la Defensoría está la afectación de gases lacrimógenos en el Hospital del Niño y el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias de la Caja de Seguro Social.
El informe que maneja la institución de Derechos Humanos detalla que 325 personas han sido detenidas y 63 personas han quedado heridas en los enfrentamientos con la Policía.
Estos hechos no solo se han registrado en la capital, sino también en Veraguas y Chiriquí, donde se han realizado grandes manifestaciones contra el contrato minero.
Luis Arturo Sánchez, coordinador de la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), expresó que el informe que manejan de las protestas en Santiago es que se han realizado 76 detenciones, de las cuales 14 personas pasaron al Sistema Penal Acusatorio (SPA), acusadas de vandalismo.
De esta cifra, 11 han quedado con medidas cautelares, mientras que hay tres heridos que se mantienen hospitalizados.
En el caso de los detenidos, el Defensor del Pueblo indicó que la mayoría ha sido puesta en libertad con sanciones que van desde verbales hasta pecunarias, con multas hasta de 100 dólares o trabajos comunitarios.
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