Seguridad informática del Estado en la mira por ataques

La vulnerabilidad de la información digital que maneja el Estado quedó reflejada una vez más con varios ataques.

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Ayer, se conoció de la detención de un activista social, que fue acusado por la Policía Nacional, al supuestamente ingresar a sus servidores, el año pasado.

La residencia de André Conte, ubicada en Chanis, fue allanada por personal de la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática.

En sus redes sociales, el activista, supuestamente, se hizo llamar "el mayor hacker del país".

La acusación se suma al ataque que la semana pasada sufrió el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Los servidores donde reposa la información de los programas de ayuda social que maneja la entidad, los cuales benefician a cerca de 200 mil personas, fueron encriptados, impidiendo a la institución poder acceder a estos.

En los últimos dos años, se ha conocido de otros dos ataques, además de estos.'

El ataque a la página web del Ministerio de Educación (Meduca) fue atribuido al movimiento internacional Anonymous.

La información sobre quiénes estarían detrás del ataque a la información del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) no fue divulgada, pero se descartó que sea algún funcionario de la entidad.

El Mides todavía no ha comunicado si pudo liberar la información guardada en los servidores que fueron intervenidos.

Cerca de 200 mil personas reciben transferencias económicas de los programas que maneja el Mides.

El 1 de agosto de 2019, se conoció que la cuenta de twitter de la Caja de Seguro Social (CSS) sufrió una suplantación de identidad, lo que fue confirmado por el director de innovación y transformación de la entidad, en ese entonces, Josué Obando.

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Luego, en agosto del año pasado, del Ministerio de Educación se alertó sobre un ataque cibernético conocido como "denegación de servicio", que provoca la pérdida de conectividad del sitio, ya sea por consumo del ancho de banda de la víctima o su sobrecarga.

El ciberataque terminó en el Ministerio Público con una denuncia por parte de la entidad, sin embargo, otras instituciones públicas también se vieron afectadas.

El ataque al Mides fue más certero, al punto que dejó a la entidad trabajando en forma manual la información sobre 120 a los 65, Ángel Guardián, Red de Oportunidades y Senapan.

Según Giovanni Ruiz Obaldía, asesor legal del ministerio, el ataque pudo haber sido fortuito.

"Se va entrando a distintos servidores y en este caso le tocó al Mides y si se logra encriptar, ellos proceden a enviar un correo, pidiendo que se haga un tipo de pago para liberar los datos", detalló.

Lia Hernández Pérez, abogada especializada en derecho digital, advirtió que el sistema de seguridad del Estado debe anteponerse a estos hechos, en los que la información de los ciudadanos está en riesgo.

"Por qué tenemos que esperar que ocurran esa serie de vulneraciones a sistemas informáticos para que vengan y actúen, cuando la realidad es que desde marzo de 2020 y a raíz de la pandemia nos ha demostrado a todos que de ahora en adelante la mayoría de las cosas las vamos a hacer virtual", planteó.

Agregó que lo primero que hay que hacer, cuando vemos que tenemos tan débiles sistemas informáticos en nuestra organización, es reforzar los mismos.

"En Panamá existe un Csirt (Equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información), que es muy pequeño y con pocos recursos y esos temas de ciberseguridad cambian diariamente", declaró la experta.