Trato 'infrahumano' y 'medieval' a menores se denuncia en informe entregado al procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa

En manos del Ministerio Público (MP) se encuentra el informe realizado por la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, en el cual se exponen algunos casos de supuesto maltrato y abuso a menores en más de 14 albergues financiados por el Estado.

La mañana de ayer, Zulay Rodríguez, presidenta de dicha comisión, se presentó a la Procuraduría General junto con un número plural de diputadas y sostuvieron una reunión con el procurador general, Eduardo Ulloa, antes de hacerle entrega del informe de unas 700 páginas, aproximadamente.

Hay que indicar que dicho documento recoge información de unos seis meses de investigación realizado por esta comisión.

Según se ha podido conocer, este informe revela que, supuestamente, a niños con trastornos psiquiátricos se les privaba de medicamentos, a otros menores se les negaba la comida, eran abusados sexualmente y maltratados física y psicológicamente en estos albergues. Esto desde el 2015, según adelantó la diputada Zulay Rodríguez.

También se señaló en el informe que dentro de estos albergues no hay división de sexo o edad, ni de personas con discapacidad o con problemas de consumo de drogas.

Walkiria Chandler, diputada que formó parte de esta investigación, detalló que hay situaciones muy precarias: hacinamiento, falta de alimentación, niños con discapacidad que no son capaces de hacer sus necesidades básicas solos y no los cambiaban.

"Están en estado de desnutrición, los colchones sin sábanas, a algunos los tenían encerrados tras barrotes, pareciera que ellos estaban cumpliendo algún tipo de pena medieval", manifestó la diputada, la cual con tristeza calificó de "infrahumanas" las condiciones de estos albergues.'

700

páginas tiene el informe que fue entregado la mañana de ayer al Ministerio Público.

14

albergues están incluidos dentro de este informe realizado por la Asamblea Nacional.

Razón por la cual le solicitaron al procurador Ulloa que sancione a los responsables de estos supuestos actos cometidos.

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"Aquí hay posiblemente tres figuras penales, una que tiene que ver directamente con la omisión de los funcionarios, en segundo lugar un delito de maltrato a menores de edad, corrupción de menores, y el más sensitivo que es el que nos ha movido, es el delito de abuso sexual a menores", sentenció la diputada.

Ante esto, el procurador general de la Nación indicó que los albergues tienen un papel de protección y reinserción de menores y no se puede tener el concepto de que estos son un depósito de jóvenes en riesgo social.

Ulloa agregó que desde el año pasado, cuando se dio una primera denuncia sobre este tema, iniciaron una investigación de oficio por supuestos maltratos que se daban en un albergue en particular.

"En ese caso se han adelantado diligencias de toma de declaraciones, exámenes psiquiátricos, psicológicos por parte de los menores de edad, e igualmente se han hecho estudios de las condiciones que allí se daban", explicó.

El procurador se comprometió a llegar hasta las últimas consecuencias de la investigación dentro de esta denuncia.

"Confirmaremos si la labor de supervisión y fiscalización que correspondía a cada institución se hizo de manera efectiva. Esperamos dar respuesta considerando el número de diligencias que se han de realizar", expresó.

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Se conoció que la Asamblea Nacional de Diputados aprobó citar a las titulares del Ministerio de Desarrollo Social y del Senniaf, María Castillo y Mayra Silvera, respectivamente, así como a las exfuncionarias Idalia Martínez, Yazmín Cárdenas y Sara Rodríguez. También se citó a la gobernadora de Panamá, Carla García.