Panamá
Podrían ser discutido en el Consejo de Gabinete dentro de dos semanas, anunció la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, que no quiso adelantar detalles de las modificaciones.
En el Ministerio de Gobierno se reunió una junta interdisciplinaria que abordó los cambios a la jurisdicción. Foto: Archivo
Luego de casi seis años de vigencia, y con una cuestionada aplicación, el Gobierno prepara un paquete de reformas a la justicia comunitaria de paz.
La ministra de Gobierno, Janaina Tewaney Mencomo, adelantó que el proyecto ha sido ampliamente consultado y en las próximas semanas será entregado al Consejo de Gabinete para su aprobación.
“Vamos a cambiar la ley. Hemos evaluado con el órgano judicial y con todos los actores. Nuestra ley tiene una consulta bastante amplia”, informó la ministra.
Tewaney no quiso adelantar más comentarios sobre el tema, como si la justicia comunitaria pasará a manos del Órgano Judicial, como se ha pretendido mediante una propuesta legislativa en el Órgano Legislativo.
“Ese proyecto lo vamos a estar presentado al Consejo de Gabinete, prontamente, y ahí usted va a tener mayores detalles”, fue lo único que reveló la titular de Gobierno.
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En diciembre de 2021, iniciaron las reuniones de una junta interinstitucional que analiza las reformas a la Ley 17 de junio de 2016, que instituyó la Justicia Comunitaria de Paz, en reemplazo de las corregidurías y dictó disposiciones sobre mediación y conciliación comunitaria.
Componen dicha junta el Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de la Administración, Municipio de Panamá, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y la Defensoría del Pueblo.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), planteó que el problema de fondo de la justicia comunitaria de paz son las competencias asignadas, por lo que en la medida en que uno entienda para que fue diseñada esa jurisdicción, empezarían a resolverse muchos de los conflictos que hay en torno a la misma.
En este sentido, la propuesta del gremio es que la legislación de paz debe eliminar de sus competencias, la atención de asuntos penales que corresponden al Ministerio Público, en los casos de robo, hurto y delitos de cuantía menor de $1,500 y los asuntos que tienen que ir a los jueces municipales y civiles para controversias de carácter civil.
“Los jueces de paz no tienen personal para investigar delitos, no tienen recursos para pericias, para nada que tiene que ver con elementos probatorios, pero tiene la capacidad de condenar a alguien por un delito”, cuestionó Araúz.
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