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Judicial / William Moore fabricó ilegalmente delaciones contra Ricardo Martinelli

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Audiencia / Justicia / Panamá América / Ricardo Martinelli / Zuleyka Moore

Panamá

William Moore fabricó ilegalmente delaciones contra Ricardo Martinelli

Actualizado 2022/11/30 00:19:48
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El hermano de la fiscal Zuleyka Moore armó el plan de conspiración contra Ricardo Martinelli, presionado a varios empresarios a realizar acusaciones falsas.

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En menos de una hora, Luis Eduardo Camacho González, demostró que no hubo hecho ilícito para la adquisición de Grupo Epasa, por parte de Ricardo Martinelli. Foto: Víctor Arosemena

En menos de una hora, Luis Eduardo Camacho González, demostró que no hubo hecho ilícito para la adquisición de Grupo Epasa, por parte de Ricardo Martinelli. Foto: Víctor Arosemena

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La audiencia que se realizó ayer, dentro del caso New Business, permitió confirmar la fabricación de pruebas ilegales o falsas contra el expresidente Ricardo Martinelli, como parte del plan de persecución política que ejecutó Juan Carlos Varela en su administración.

La defensa del expresidente Martinelli, Luis Eduardo Camacho, no solo sustentó que la compra de los diarios de EPASA se hizo con fondos lícitos, desvirtuando el supuesto caso de blanqueo de capitales que intenta sostener la fiscalía, sino que también se hizo uso ilegal de varios acuerdos de colaboración donde empresarios fueron presionados a mentir en contra del expresidente Martinelli para conseguir ser excluidos de la investigación.

Camacho denunció ante la juez Baloisa Marquínez que todos estos acuerdos de colaboración fueron prefabricados por el abogado William Moore, hermano de la fiscal anticorrupción Zuleyka Morre, declarada enemiga personal de Martinelli y parte de la estructura varelista que creó la ex procuradora Kenia Porcell.

Moore se encargó de negociar todos los acuerdos de colaboración bajo mecanismos de extorsión contra los empresarios que se resistían a hacer formulaciones falsas contra Martinelli. Ello incluyó hasta la validación de testigos protegidos para trabajar su supuesta teoría del caso, pero todo desde una organización irregular que lidera Moore y que controla puestos claves en el Ministerio Público.

Los primeros en caer como parte del plan de conspiración armado por Moore fueron los empresarios Henry Mizrachi y Riccardo Francolini. Luego estos se encargaron de llevar al resto de empresarios que se prestó para el entramado falso contra Martinelli.

Camacho dijo ayer ante la juez que es posible entender por qué estos empresarios se prestaron para estos acuerdos de colaboración dando información falsa, debido a que la presión del sistema del Ministerio Público es fuerte, llevando a destruir lazos familiares y financieros.

Sin respuestas

Varias veces, los periodistas preguntaron a Emeldo Márquez si el Ministerio Público (MP) pudo demostrar la supuesta procedencia ilícita del recurso utilizado por Ricardo Martinelli para la compra de EPASA y ante esta interrogante no hubo respuesta por parte del fiscal del caso "New Business".

Incluso, durante la audiencia preliminar nunca se escuchó que los $11.4 millones o los $5 millones que pagó Martinelli por adelantado, estuvieran relacionados con el pago a algún proveedor.

Para Luis Camacho González, defensa del expresidente, en la investigación existen evidencias de que todos los dineros que Martinelli ingresó para la compra de grupo EPASA son lícitos, producto de su actividad comercial como empresario exitoso.

El abogado defensor sustentó ante la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquinez, que el recibir dinero no constituye blanqueo de capitales, porque hubo un grupo de empresarios que aportó una suma, que se reunió en una cuenta, que es lo normal.

"No es que cada quien hace un pago, sino que se juntan y se hizo uno solo, en una cuenta, lo que no significa que la persona que recibió el dinero cometió un delito o quienes lo depositaron, porque esta es una actividad comercial", ilustró Camacho González.

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En este sentido, hizo énfasis en que el dinero tampoco guarda relación con proyectos estatales.

Muestra de esto es que el fiscal ni siquiera pudo establecer en que momento se utilizaron los recursos con dicha finalidad.

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