Activistas cubanos marcharán en noviembre pese a la prohibición del Gobierno
La marcha, convocada en medio de una crisis económica y un fuerte descontento social en Cuba, reclamaría la condena de la violencia, el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos y soluciones democráticas y pacíficas, según los solicitantes.
El opositor cubano Yunior García habla con la prensa extranjera acreditada en Cuba sobre permisos denegados para marcha pacífica del próximo 15 de noviembre. Foto: EFE
Activistas cubanos llevarán a cabo una marcha pacífica en La Habana el próximo 15 de noviembre, anunció uno de sus líderes este miércoles, pese a que el Gobierno denegó la solicitud para llevar a cabo la iniciativa al considerarla "ilícita".
"Nuestra decisión es que vamos a marchar. No estamos convocando. Nosotros vamos a marchar y los que quieran que se sumen", declaró a Efe por teléfono el dramaturgo Yunior García Aguilera, la cara más visible del grupo Archipiélago, una heterogénea comunidad online que propuso la marcha del 15 de noviembre.
Esa plataforma confirmó en su cuenta en Twitter que "frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo", y remarcó que la decisión de las autoridades dejó "en ridículo" al presidente del Tribunal Supremo cuando expresó que Cuba respetaría el derecho a la manifestación.
La marcha, convocada en medio de una crisis económica y un fuerte descontento social en Cuba, reclamaría la condena de la violencia, el respeto de los derechos ciudadanos, la liberación de los presos políticos y soluciones democráticas y pacíficas, según los solicitantes.
Archipiélago solicitó el permiso para el 20 de noviembre, pero tuvo que adelantarla cinco días debido a que el Gobierno convocó ejercicios militares y el Día Nacional de la Defensa coincidiendo con la fecha prevista inicialmente para la marcha.
El Gobierno ha acusado a los promotores de esta iniciativa ciudadana inédita en 60 años de estar respaldados por instituciones y congresistas de Estados Unidos que buscan un "cambio de régimen" y apoyan una intervención militar, algo que los activistas niegan.
Un editorial publicado hoy por el diario oficial Granma acusó a los convocantes de estar acompañados por "cabecillas contrarrevolucionarios del llamado Consejo para la Transición Democrática de Cuba", al cual le aribuyen estar "en función del golpe anticonstitucional".
En el artículo titulado "La razón es nuestro escudo" añaden que los activistas "han reconocido abiertamente recibir financiamiento de la National Endowment for Democracy (NED), una tapadera del Gobierno estadounidense".
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García Aguilera negó la víspera haber recibido cualquier tipo de financiación del exterior.
En Cuba, los derechos de huelga y manifestación raramente se contemplan fuera de las instituciones estatales y nunca se ha autorizado un acto opositor al Gobierno.
El pasado 11 de julio miles de personas salieron a las calles de forma espontánea en las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel.
El país caribeño atraviesa una grave crisis económica con una incipiente inflación, escasez de alimentos, medicinas y otros productos, largas colas y cortes de luz, lo que ha aumentado el descontento entre la población.
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