Boluarte y parte de su gobierno deberá comparecer a fiscalía

La Fiscalía de Perú citó a la presidenta, Dina Boluarte, y al primer ministro, Alberto Otárola, el 27 de septiembre para declarar en la investigación preliminar sobre la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país de diciembre a marzo.

A través de un documento oficial del Ministerio Público difundido este sábado en medios locales, la jefa de Estado y el jefe del Gabinete de Ministros tendrán que asistir a la sede de la Fiscalía, ubicada en el Centro de Lima, el 27 de setiembre, a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m., respectivamente.

La fiscalía investiga de forma preliminar a Boluarte por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves, a raíz de la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de las cuales fueron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden desplegadas para reprimir a los manifestantes.

Dicho documento también cita a los actuales ministros de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Vicente Romero, el 22 y 25 de septiembre respectivamente.

La fiscalía dispuso igualmente convocar al exjefe del primer Gabinete Ministerial de Boluarte, Pedro Angulo, el 22 de septiembre para que se recepcione su declaración indagatoria, y también a los exministros del Interior Víctor Rojas y César Cervantes para el 21 de setiembre.

El 14 de agosto, la fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, afirmó que la investigación preliminar por las muertes en las protestas antigubernamentales está en su última etapa.

Afirmó que no puede permitir que las investigaciones sean por años y “más aún cuando hay vulneración de derechos humanos”, por lo que explicó están acortando los plazos para poder esclarecer la verdad y determinar quiénes son los responsables y que estos sean sancionados.

Boluarte ya ha acudido a la fiscalía en el marco de esta investigación en dos ocasiones, pero la primera, el 7 de marzo, no llegó a declarar porque estaba pendiente de la resolución de una tutela de derechos presentada por la Procuraduría, que pidió que se le incluya en la investigación por la declaración del primer ministro Otárola.

Y fue el 6 de junio cuando declaró para responder durante unas tres horas ante el Ministerio Público, y a su salida, su abogado Joseph Campos declaró a medios que la presidenta esperaba ser excluida de las investigaciones.

Campos cuestionó, sin embargo, que exista una investigación preliminar por el delito de genocidio contra la gobernante, algo que aseguró que no tiene “ningún sentido”, pero sí un “efecto deteriorante” mientras se mantenga vigente.

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