Convulsión en Bolivia deja aislado a Sánchez Lozada

Una profunda crisis política sacudió ayer a Bolivia, donde el presidente Sánchez de Lozada se encuentra cada vez más aislado tras la renuncia de cuatro ministros y el distanciamiento de su vicepresidente, Carlos Mesa, por el manejo de una convulsión social que dejó al menos 55 muertos en tres semanas.
La decisión de cuatro de los 15 miembros del gabinete ministerial, siguió a la determinación del vicepresidente de Bolivia y presidente del Congreso bicameral, Carlos Mesa, que rompió ayer con Sánchez de Lozada, en desacuerdo por su manejo de la crisis social, aunque no renunció a su investidura.
“No apoyo al gobierno en esta acción, no puedo aceptar como ciudadano ni como hombre de principios que la respuesta sea la muerte ante la presión popular y no creo que el diálogo que ha propuesto el gobierno sea suficiente”, manifestó Mesa.
Acosado por las renuncias y ante masivas manifestaciones en cuatro ciudades que exigen su dimisión, Sánchez de Lozada indicó en un mensaje televisado: “Yo no voy a renunciar”. Prometió “cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución”.
El presidente rechazó ayer el pedido de dimisión planteado por varios sectores movilizados y sostuvo que las protestas contra la exportación de gas natural son un plan sedicioso que será derrotado por el régimen democrático.
Como cabecillas de la supuesta subversión, el presidente acusó a los líderes sindicales Evo Morales, jefe del mayor partido de la oposición, y Felipe Quispe, ambos diputados indígenas. “No es posible que se reemplace la democracia por una dictadura sindical”, enfatizó.
Tanto Morales como Quispe negaron en rotundo las acusaciones y pidieron al pueblo continuar con las protestas para lograr la dimisión de Sánchez de Lozada para dar lugar a la sucesión constitucional, nombrando presidente provisorio a un miembro del tribunal supremo de justicia que llame a nuevas elecciones.

Al menos 13 civiles y un soldado murieron ayer en Bolivia, y un centenar de personas resultaron heridas, con lo cual se elevó el número de víctimas fatales en las últimas tres semanas en una ola de protestas en demanda de la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, informó la Asamblea de Derechos Humanos (APDHB).
Doce civiles fallecieron en las ciudades de La Paz y El Alto, donde también cayó un soldado, Edgar Lecoña, según el activista Sacha Llorenti.
Otro civil fue muerto por la policía en la localidad de San Julián, cerca de Santa Cruz, donde los pobladores cerraban una ruta en apoyo “a las víctimas de El Alto y La Paz”, según la Asamblea, que aseguró fundar sus datos en fuentes hospitalarias.
La jerarquía de las Fuerzas Armadas bolivianas advirtió ayer que “actuará con la mayor firmeza” contra quienes “se apartan de la convivencia pacífica”, en el primer pronunciamiento militar desde que se desató la convulsión social en el país.
La represión se desencadenó el 20 de septiembre en la comarca andino aymara de Warisata, donde perdieron la vida en cruentos choques 5 pobladores y un soldado del Ejército, según cifra oficial.
El Gobierno de Bolivia respondió ayer con un Decreto Supremo en el que establece que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte con la población.
En una conferencia de prensa convocada de urgencia a la 01.00 hora local (05.00 GMT), el presidente presentó en la residencia presidencial de La Paz el Decreto Supremo 27,210; el cual “determina que no se exportará a nuevos mercados mientras no se realicen consultas y debates sobre este recurso”.
Para ello, indica que debe ponerse en marcha “de forma inmediata un proceso de diálogo entre los bolivianos y con las organizaciones de la sociedad civil”, que deberá concluir antes del 31 de diciembre.

El obispo boliviano de El Alto, Jesús Juárez, hizo un pedido ayer para que cese la violencia en su país y definió como “extremadamente preocupante y caliente” la situación en Bolivia, en una entrevista concedida a la agencia de prensa de los misioneros católicos con sede en Roma, Misna.
“Hay que encontrar una solución política y negociada que consienta preservar la democracia. Pedimos a todos que cese la violencia. Como Iglesia católica seguimos repitiendo que no hay paz social sin una verdadera justicia para todos los bolivianos”, declaró.
“La vida es el primer derecho que hay que garantizar. Por eso hemos pedido a los soldados y policías que no disparen contra su propia gente, aún al costo de desobedecer las órdenes recibidas. Pedimos también a los sindicatos y asociaciones que eviten toda provocación”, afirmó el religioso.
“Los manifestantes marchan hacia La Paz para pedir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, culpable de la muerte de tantas personas”, explicó el obispo.
Miles de manifestantes marchan actualmente de El Alto hacia La Paz pese al despliegue de tropas.
De acuerdo con despachos periodísticos, decenas de focos de conflicto se encendieron en la capital, paralizada por una huelga del transporte.