Costo de no combatir el hambre supone un 6,4 % del PIB de América Latina

El costo de no combatir el hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe representa en promedio un 6,4 % del PIB de los países estudiados, informaron  la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El documento realza la necesidad de hacer una estimación de los costos asociados a la implementación de políticas, programas e intervenciones como elemento previo al análisis del financiamiento de la seguridad alimentaria y la nutrición. También destaca la importancia de mejorar la recopilación de información sobre los distintos flujos de financiamiento.

“La incidencia de la pobreza extrema en la región fue de 11,4 % en 2023, según estimaciones de la Cepal, lo que significa que más de 70 millones de personas en la región no tienen ingresos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos”, denunció el Secretario Ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

En contraste al coste de la inacción frente a la hambruna, el informe señala que el coste “para cerrar la brecha de ingresos con transferencias para el acceso a dietas saludables es 1,5 % del PIB, sin incluir costes de gestión e implementación”.

El informe, que destaca la “importancia de invertir en agricultura y la necesidad de realizar otras intervenciones para reducir la inseguridad alimentaria y la malnutrición”, también contó con la participación de otras instituciones como el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

“La falta de ingresos para acceder a una dieta saludable y nutritiva está entre las principales causas de hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. De hecho, esta región tiene la dieta saludable más cara del mundo”, aseguró la directora regional de WPF para esta región, Lola Castro .

Según las organizaciones, el problema principal “no proviene de la escasez de alimentos, sino de la falta de acceso físico y económico, especialmente en zonas rurales pobres y con poblaciones vulnerables”.

“Esta incidencia es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales. Por ello, es imperativo fomentar políticas públicas inclusivas y promover una mejor focalización del gasto público, capaz de impactar directamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad”, explicó Salazar-Xirinachs.

“En la actualidad, más de la mitad del total de las transferencias monetarias en América Latina y el Caribe se destina a hogares con ingresos per cápita superiores a la línea de pobreza”, concluyó.

Los países de América Latina y el Caribe se comprometieron el mes pasado en erradicar el hambre, la pobreza y las desigualdades estructurales con el fin de garantizar el derecho a una alimentación adecuada, sin dejar a nadie atrás.
 

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