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El Tribunal Constitucional de Perú vota a favor de la liberación de Keiko Fujimori
- Lima/AP
Keiko Fujimori, de 42 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos en una trama en la que, de acuerdo a la Fiscalía, presuntamente recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Keiko fue derrotada en ambas ocasiones.
Partidarios de Keiko Fujimori, celebran en las afueras de la cárcel de mujeres en Lima. FOTO/AP
El Tribunal Constitucional de Perú aprobó el lunes una solicitud de hábeas corpus para liberar a la líder opositora Keiko Fujimori.
El presidente del Tribunal, Ernesto Blume, anunció que el recurso legal presentado por Sachi Fujimori, hermana de la política encarcelada, fue declarado “fundado” con cuatro votos a favor y tres en contra. Se espera que Keiko abandone el penal en las próximas horas, cinco meses antes de que se cumpla el plazo máximo de la medida.
El habeas corpus es un derecho que tienen los detenidos o reos de ser presentado de inmediato y públicamente ante un juez o tribunal para que, escuchándolo, resuelva si su arresto fue o no ajustado a la ley, y si la medida de encarcelamiento debe levantarse o ratificarse.
Fujimori, de 42 años, había estado encarcelada de manera preventiva desde octubre de 2018 mientras era investigada por presunto lavado de activos en una trama en la que, de acuerdo a la Fiscalía, presuntamente recibió dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. Keiko fue derrotada en ambas ocasiones.
Su detención marcó el declive de una líder considerada la mujer más poderosa del país y que en ese momento dirigía un parlamento contrario al gobierno.
La investigación continuará tras su liberación.
Es probable que el fallo se encuentre con los aplausos de sus leales partidarios y genere la ira de los detractores que la quieren tras las rejas.
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La cámara baja, con enorme desprestigio por proteger a funcionarios investigados por corrupción, fue disuelta en septiembre por el presidente Martín Vizcarra, que afirma que para ello utilizó el poder que el otorga la Constitución.
El esposo de Keiko -- que inició el 13 de noviembre unan huelga de hambre fuera de la cárcel en demanda de un proceso justo-- rompió en llanto y se abrazó con varios seguidores de la política cuando fue informado de la decisión del tribunal.
“Tengo problemas de riñones”, aseguró Mark Villanella, quien dijo tener otras dolencias, “pero creo que era necesario tomar una medida tan drástica para protestar contra tantos abusos contra Keiko Fujimori”. Villanella ha acusado al fiscal que lidera el caso de maniobrar para enviar a prisión a su esposa.
El hombre de nacionalidad estadounidense, que necesitó ayuda para levantarse para hablar con periodistas, sostiene que el fiscal le tendió a su esposa “una emboscada para hacer una detención ilegal”.
La decisión del Tribunal Constitucional se efectuó horas después que Keiko invocara su derecho a guardar silencio durante un interrogatorio que forma parte de la investigación en su contra.
Fujimori manifestó su deseo de no hablar “en atención a que son constantes las afectaciones al debido proceso” que se sigue en su contra, dijo la abogada de la opositora, Giulliana Loza.
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Loza, destacó que por años la política ha colaborado y seguirá colaborando con la justicia peruana, pero “siempre exigiendo el respeto al debido proceso”. La abogada acotó que durante el proceso judicial por el caso Odebrecht se ha registrado “una sistemática filtración de documentación reservada, incluso secreta”, lo cual no garantiza los derechos de Fujimori.
El fiscal Jose Domingo Pérez, por su parte, declaró a la prensa que Fujimori hizo uso de un derecho que le reconoce el Código Procesal Penal, resaltando que su posición no puede ser considerada como un intento de obstruir la justicia y por ello no acarrea sanción alguna.
Simplemente “se dio por concluida la diligencia y se ha levantado el acta correspondiente en la que ha manifestado hacer uso de su derecho a guardar silencio", agregó.
El padre de Keiko, Alberto Fujimori, también cumple una condena de 25 años de cárcel por su responsabilidad en los asesinatos de 25 peruanos a manos de un grupo clandestino de militares durante los primeros años de su gobierno, entre 1991 y 1992, cuando Perú sufría los ataques del grupo terrorista Sendero Luminoso.
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