Farc piden a Santos que actué ante asesinatos de campesinos y aplique acuerdo

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reclamaron al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que se posicione sobre el asesinato de líderes campesinos, una situación que "amenaza" el recién alcanzado acuerdo de paz y ante la cual la guerrilla pide que se implemente ya el punto sobre garantías de seguridad. "Si está comprometido con la paz de Colombia actúe en consecuencia poniendo punto final a este exterminio de inocentes cuyo pecado parece ser su pensamiento crítico y visión de nuevo país, implementando ya el acuerdo sobre garantías de seguridad", dice una misiva del Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc. Esta carta a Santos se difunde cuando falta poco -aún no se ha precisado oficialmente la fecha exacta- para la firma del nuevo acuerdo alcanzado el pasado 12 de noviembre entre el Gobierno y la guerrilla, una firma que según algunos medios colombianos podría ser cuestión de horas. En el texto, facilitado a los medios y que parte del "dolor y la indignación", los insurgentes piden al mandatario que "siente su posición y compromiso, no con las Farc, sino con el pueblo colombiano en general, con relación al (que denominan) 'Plan Pistola' que se viene ejecutando contra dirigentes populares en todo el país". Denuncia que en lo que va de año han muerto doscientas personas "con un total manto de impunidad" y que ahora "un nuevo genocidio está en marcha contra líderes sociales y campesinos".La misiva de las Farc enumera varios casos ocurridos esta misma semana y que incluyen tres muertes y dos atentados En los últimos días murieron Erley Monroy, quien fue hallado herido cerca de un batallón militar en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, y luego falleció en un hospital, y Didier Losada, asesinado en su casa del municipio de La Macarena, en el departamento del Meta, por una persona encapuchada. A esos crímenes, las Farc suman el de Rodrigo Cabrera, hermano del líder de víctimas de Policarpa (departamento de Nariño) y atentados contra tres personas en Sincelejo (Sucre), Nariño y Caquetá. "Es de conocimiento público que quienes están detrás de estos asesinatos selectivos y de carácter político, son los mismos que han cosechado dinero, poder y privilegios, gracias a la guerra fratricida que por más de 52 años ha desangrado al país", refiere la carta, que añade que "son los mismos para quienes no hay ni habrá acuerdo de paz alguno que les satisfaga". La guerrilla reconoce a Santos que admitir la culpabilidad del Estado "en el exterminio de más de 5,000 líderes de la Unión Patriótica" es un paso importante, pero cuestiona por qué "si hay determinación de acabar con la guerra sucia no se toman las decisiones que efectivamente desarticulen el paramilitarismo". También piden al presidente colombiano que se ponga en el lugar "de las organizaciones sociales victimizadas" y de las Farc. "¿Qué actitud asumiría usted frente a este río de sangre que amenaza con arrasar el proceso de paz que adelantamos? ¿Y qué haría usted ante la reciente violación del cese al fuego que produjo la muerte de dos guerrilleros en el sur de Bolívar?", cuestiona la misiva. Santos convocó a una reunión para "adoptar medidas" tras los asesinatos de Monroy y Losada. El ministro colombiano del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó los "homicidios de líderes sociales y comunales de los últimos días", en tanto el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, anunció que 21 expertos de la entidad se pondrán al frente de las investigaciones. Mientras, el máximo jefe de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko", partió en las últimas horas desde La Habana hacia Bogotá, lo que hace prever una inminente firma del nuevo acuerdo de paz. El presidente Santos presentará el miércoles al Congreso colombiano el nuevo texto para someterlo a discusión y definir la forma en que será refrendado este pacto, que contiene las aportaciones de los sectores contrarios al acuerdo inicial firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias y rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.