[Video] Duterte afronta otra denuncia ante la CPI por crímenes de lesa humanidad
La vista oral, prevista inicialmente para el 24 de julio, fue aplazada tres veces después de que el Supremo rechazara la petición de los senadores.
El presidente Rodrigo Duterte, desde hace dos años libra una guerra contra las drogas. FOTO/AP
Familiares de víctimas de la guerra contra las drogas en Filipinas interpusieron una demanda contra el presidente Rodrigo Duterte por "crímenes de lesa humanidad" ante la Corte Penal Internacional (CPI), debido a la "inmunidad" de la que goza el mandatario filipino en los tribunales nacionales.
En paralelo, la Corte Suprema celebró la primera vista oral sobre la apelación de varios senadores de la oposición a la decisión unilateral de Duterte de retirar a Filipinas de la CPI, una sesión que duró cuatro horas y que se reanudará el 4 de septiembre.
El presidente anunció esa decisión el pasado 14 de marzo, un mes después de que el tribunal de La Haya abriera un examen preliminar sobre los abusos cometidos en la guerra antidrogas a raíz de otra demanda contra Duterte interpuesta por un abogado filipino en abril de 2017.
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La nueva denuncia, presentada ante la oficina de la fiscal de la CPI Fatou Bensouda, está firmada por seis familiares de víctimas de las "ejecuciones extrajudiciales" en la guerra antinarcóticos y por la organización religiosa Rise Up, que presta asistencia legal a los afectados por la campaña, que se ha cebado con los más pobres.
Los demandantes argumentan que el jefe de Estado es "penalmente responsable" y "susceptible a cumplir condena" por "asesinato" y "actos inhumanos" cometidos en el marco de la guerra antidrogas, según el documento de 50 páginas remitido por Rise Up.
A pesar de que Duterte ordenara en marzo la salida de Filipinas de la CPI "con efecto inmediato", los demandantes apuntan que la medida no entra en vigor hasta un año después de su notificación oficial, según el Estatuto de Roma, tratado que creó ese tribunal.
Según cifras oficiales, los dos años de guerra antinarcóticos se han saldado con unos 4,400 muertos en redadas de la Policía, aunque organizaciones de derechos humanos como Rise Up elevan esa cifra a entre 15,000 y 20,000 asesinatos amparados en el clima de impunidad.
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La denuncia señala que esas muertes y los pronunciamientos de Duterte que "incitan los asesinatos" son pruebas suficientes de "ataques generalizados y sistemáticos contra civiles", por lo que procede la acusación de crímenes de lesa humanidad.
"Las familias están perdiendo confianza en el sistema de justicia nacional debido a la ausencia de investigaciones genuinas, demoras y negativas en el enjuiciamiento de agentes de policía directamente involucrados en casos", señaló en Manila la coordinadora de Rise Up, Rubylin Litao.
Desde Rise Up consideraron preocupante el reciente reemplazo de la presidenta de la Corte Suprema y del Defensor del Pueblo por figuras conocidas por su apoyo al presidente Duterte, lo que ha acentuado la sensación de impunidad y protección del mandatario.
De hecho, la vista oral en la Corte Suprema sobre la apelación de la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma estuvo encabezada por la nueva presidenta del tribunal, Teresita de Castro, en su primer día en el cargo tras ser designada por Duterte la semana pasada.
De Castro sustituye a Maria Lourdes Sereno, apartada del puesto en mayo, un mes después de que el mandatario la declarara públicamente "enemiga" por denunciar abusos de la administración.
Los magistrados del Supremo escucharon durante cuatro horas los argumentos del letrado Romel Bagares, en representación de los seis senadores -Leila de Lima, Kiko Pangilinan, Franklin Drilon, Bam Aquino, Risa Hontiveros y Antonio Trillanes- que apelaron el 16 de mayo la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma.
Bagares dijo que la salida de ese tratado debería contar con el apoyo de al menos dos tercios del Senado, como ocurrió con su ratificación en 2011, aunque varios magistrados del Supremo esgrimieron que esa provisión no consta en ningún lado.
La vista oral, prevista inicialmente para el 24 de julio, fue aplazada tres veces después de que el Supremo rechazara la petición de los senadores de que fuera Leila de Lima quien expusiera los argumentos, ya que está encarcelada sin juicio desde febrero de 2017 por presuntamente recibir sobornos de narcotraficantes.
La Corte consideró que al ser seis senadores quienes presentaron la apelación no es imprescindible la presencia de De Lima, quien defiende que los cargos contra ella son un fabricación del entorno de Duterte como represalia por sus críticas a la guerra antidrogas.