Colegio de abogados en desacuerdo con nuevas tarifas de registro público
Publicado 1999/05/16 23:00:00
Como carente de un estudio profundo de justificación y de los efectos generales que podrían repercutir de éste, calificó el presidente del colegio nacional de abogados, César Guevara, el anunciado aumento de tarifas de precios y costos en los servicios que presta el Registro Público.
En una carta dirigida a la directora general de la entidad, el presidente del gremio de abogados manifiesta que la profesión abogadil se encuentra preocupada por los efectos que la modificación propuesta pudiera generar en el sector servicios, lo que disminuiría en términos generales, la capacidad competitiva del propio Registro Público frente a otros registros, más novedosos, menos formalistas y más económicos.
Guevara indica que las objeciones planteadas pueden ser fácilmente observables en el sector marítimo, el cual sufriría un efecto negativo y regresivo, a pesar de ser uno de los renglones más competitivos de la economía, que se traduciría en limitaciones para la utilización del llamado "pabellón de conveniencia", disminuyendo la cantidad de inscripciones de las "hipotecas navales" y de solicitudes de "certificación de inscripción preliminar".
En igual sentido, expresa que no resulta casual el mismo criterio de objeciones en cuanto a las propuestas tarifas aplicables a las "Sociedades anónimas panameñas" , que entre otras consideraciones implementaría una discriminación entre personas mercantiles y personas civiles, que no está claramente establecido.
Por otro lado, expresa la nota del colegio de abogados, que la aplicación de tasas a las sociedades mercantiles basados en su capital o en la calidad de sus acciones, representa un grave retroceso en la evolución jurídica y económica del país, lo que limita la inversión y tiende a la eliminación de determinadas figuras jurídicas de larga trayectoria en el derecho.
Esto, aduce César Guevara, permite llagar a la conclusión de que en contraposición con la tradición jurídica panameña, las denomindas "acciones al portador" son una especie en extinción, con lo que se otorga un privilegio indebido a la conformación de sociedades de capital nominal, lo que va en detrimento de la industria de servicios.
Igual tendencia se denota, indica, en el aumento que se ha propuesto sobre los documentos societarios como actas, que sean presentados para su registro, ya que el aumento genera desconfianza en torno a los efectos que la medida pueda surtir en los clientes del sector.
Las objeciones a las propuestas presentadas por el Registro Público se derivan igualmente con relación a las complicaciones que producirían un "documento defectuoso", el cual sería retirado inmediatamente por la entidad sin permitir la implementación de los recursos que la ley otorga a los propietarios de los documentos, lo que implicaría la obligación para éste de efectuar un doble pago.
En cuanto a la transferencia de bienes inmuebles, inscripciones hipotecarias, segregaciones de fina, declaración de mejoras, compraventa y otras garantías, en los cuales los efectos se extienden más allá de las tarifas, se incrementan los costos en el sector construcción, que representa otro elemento importante en la estructura económica del país, lo que generará inevitablemente un aumento en el costo de las viviendas, que en última instancia perjudicará al consumidor panameño.
En una carta dirigida a la directora general de la entidad, el presidente del gremio de abogados manifiesta que la profesión abogadil se encuentra preocupada por los efectos que la modificación propuesta pudiera generar en el sector servicios, lo que disminuiría en términos generales, la capacidad competitiva del propio Registro Público frente a otros registros, más novedosos, menos formalistas y más económicos.
Guevara indica que las objeciones planteadas pueden ser fácilmente observables en el sector marítimo, el cual sufriría un efecto negativo y regresivo, a pesar de ser uno de los renglones más competitivos de la economía, que se traduciría en limitaciones para la utilización del llamado "pabellón de conveniencia", disminuyendo la cantidad de inscripciones de las "hipotecas navales" y de solicitudes de "certificación de inscripción preliminar".
En igual sentido, expresa que no resulta casual el mismo criterio de objeciones en cuanto a las propuestas tarifas aplicables a las "Sociedades anónimas panameñas" , que entre otras consideraciones implementaría una discriminación entre personas mercantiles y personas civiles, que no está claramente establecido.
Por otro lado, expresa la nota del colegio de abogados, que la aplicación de tasas a las sociedades mercantiles basados en su capital o en la calidad de sus acciones, representa un grave retroceso en la evolución jurídica y económica del país, lo que limita la inversión y tiende a la eliminación de determinadas figuras jurídicas de larga trayectoria en el derecho.
Esto, aduce César Guevara, permite llagar a la conclusión de que en contraposición con la tradición jurídica panameña, las denomindas "acciones al portador" son una especie en extinción, con lo que se otorga un privilegio indebido a la conformación de sociedades de capital nominal, lo que va en detrimento de la industria de servicios.
Igual tendencia se denota, indica, en el aumento que se ha propuesto sobre los documentos societarios como actas, que sean presentados para su registro, ya que el aumento genera desconfianza en torno a los efectos que la medida pueda surtir en los clientes del sector.
Las objeciones a las propuestas presentadas por el Registro Público se derivan igualmente con relación a las complicaciones que producirían un "documento defectuoso", el cual sería retirado inmediatamente por la entidad sin permitir la implementación de los recursos que la ley otorga a los propietarios de los documentos, lo que implicaría la obligación para éste de efectuar un doble pago.
En cuanto a la transferencia de bienes inmuebles, inscripciones hipotecarias, segregaciones de fina, declaración de mejoras, compraventa y otras garantías, en los cuales los efectos se extienden más allá de las tarifas, se incrementan los costos en el sector construcción, que representa otro elemento importante en la estructura económica del país, lo que generará inevitablemente un aumento en el costo de las viviendas, que en última instancia perjudicará al consumidor panameño.
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