Condena a EPASA atenta contra derecho a saber el destino de los fondos públicos

Por denunciar la utilización de recursos del Estado para, presuntamente, favorecer a funcionarios, el diario Panamá América fue condenado a pagar $25,000, tras una sentencia ratificada el lunes por la Corte Suprema de Justicia.

El fallo, que lleva la firma de los magistrados Hernán De León, Oydén Ortega y Harley Mitchell, obliga al periódico a indemnizar al exministro de Gobierno y Justicia Winston Spadafora.

En la nota, publicada en marzo de 2001, los reporteros Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio afirmaron que a través del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) se acondicionó una carretera en la comunidad La Arenosa, en La Chorrera.

Dicho camino, según los dos periodistas, daba acceso a una finca privada, propiedad del exmagistrado Spadafora.

A raíz de ese reportaje, el exfuncionario interpuso una demanda civil contra la empresa periodística y ambos comunicadores.

Gremios, en alerta

Frente a la condena contra la empresa informativa, Blanca Gómez, presidenta del Colegio Nacional de Periodistas (Conape), considera que más allá de quién sea el dueño del medio
sancionado, lo que debe preocupar a la ciudadanía es que los funcionarios se crean intocables.

“Este tipo de fallos debe llamarnos a la reflexión porque los funcionarios tienen que comprender que sus actuaciones van a estar bajo la lupa de los periodistas y de la sociedad”, expresó Gómez.

Por su lado, Simón Bolívar Alemán, miembro del Fórum de Periodistas, argumentó que toda multa contra algún medio  representa un ataque directo a la libertad de expresión.

“No estamos de acuerdo con este tipo de sanciones porque se coarta el derecho del ciudadano a conocer qué se hace con los recursos del Estado. No se puede limitar ni controlar la información”, dijo.

A juicio de  la expresidenta del Conape, Grisel Betancourt, la decisión de hacer realidad una condena porque un periodista investigativo ponga en el tapete posibles anomalías en la administración de recursos públicos siempre será considerado como un atentado a la libertad de prensa.

“Aunque ya existía la condena, creo que este tipo de fallos limita los trabajos investigativos. Me llama la atención que el exmagistrado Harley Mitchell haya firmado el documento un día antes de dejar el cargo”, sostuvo Betancourt.

Otras fuentes consultadas aseguraron que el tema crea enormes suspicacias porque la actual administración de Grupo Epasa  tiene que asumir el costo que ordena el fallo del supremo panameño.

Todo esto, a pesar de que el caso surgió cuando el diario estaba en manos de la familia Arias.

La semana pasada el Tribunal Electoral sancionó con $1,000 a  KW Continente por no cumplir con un informe de publicidad.

Los dos medios castigados son críticos de la actual gestión gubernamental.