Control de precios, un ensayo del cual persisten dudas sobre efectividad

Desde mañana y por un periodo perentorio de seis meses, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela se propone amortiguar el costo de la canasta básica de alimentos (CBA).

La fórmula está escrita en el Decreto Ejecutivo 165. Para los que intervienen en la cadena de comercialización, el decreto tiene vacíos que a futuro propician un escenario más complicado entre la escasez e inflación.

Ante ese pronóstico, los consumidores declaran la medida como un ensayo que si bien busca estabilizar los precios en el mercado, también fortalece los mecanismos para que los comerciantes utilicen otras formas de conservar el juegavivo. “Frenar la especulación es la idea. Esperamos que dé el resultado adecuado. En el camino se harán las correcciones necesarias”, explica el viceministro de Economía, Iván Zarck, sobre los cuestionamientos de la efectividad de la medida.

Transcurrido dos meses y en caso de que se reporten aumentos en la producción y de los insumos, el decreto en su Artículo 6 establece que “los productores o asociaciones empresariales podrán solicitar a la Comisión de Ajustes y Precios la actualización de los precios máximos de venta que se hayan establecido”.

El abogado Ernesto Cedeño analizó la intervención del Estado en el mercado de libre oferta y demanda, y concluyó que “los defensores del estatismo suelen mostrar los resultados de sus políticas en el corto plazo, pero omiten las consecuencias de mediano y largo plazo”.

El ministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, ha dicho que a corto plazo, el decreto busca devolverles 58 dólares en efectivo a los consumidores, y a largo plazo es fortalecer la producción nacional, a través del incentivo a los productores para que desaparezcan del mercado los altos precios, producto de la especulación.

Cedeño comparte que la experiencia de países vecinos de controlar los precios produce estallidos inflacionarios que se manejan a la par del terror de la cárcel o la aplicación de duras sanciones para quienes violen el decreto, que siembran las autoridades. Para estos casos corresponde a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a quien le corresponde imponer las multas. El administrador de la Acodeco, Pedro Meilán, admitió que frente a una medida innovadora es necesario que en las primeras semanas de vigencia del decreto se eduque antes que hablar de sanción.