Corrupción interna allanó el camino para créditos brujos

El presunto fraude millonario detectado en la Dirección General de Ingresos (DGI) solo pudo concretarse con la participación de funcionarios públicos con acceso al sistema tributario del Estado, afirmó el asesor jurídico Basilio González durante una entrevista en el noticiero matutino de Next TV.

Según González, la plataforma e-Tax 2.0 únicamente puede ser modificada por servidores públicos autorizados, por lo que descartó que personas externas pudieran alterar créditos fiscales sin la intervención de personal interno de la institución.

El jurista indicó que una de las modificaciones legales introducidas entre 2018 y 2020 permitió la cesión de créditos fiscales entre contribuyentes, cuando anteriormente estos solo podían ser utilizados por el propietario del crédito. A su juicio, ese cambio facilitó que se comercializaran créditos inexistentes.

Como ejemplo, explicó que algunas empresas acumulan créditos fiscales por pagos adelantados del impuesto sobre la renta o por saldos a favor del ITBMS en proyectos de construcción. Antes de las reformas, esos créditos únicamente podían compensar obligaciones del mismo contribuyente; posteriormente, la legislación permitió cederlos a terceros.

Según González, quienes ejecutaban el fraude presuntamente distribuían los créditos falsos entre varias empresas, en lugar de concentrarlos en una sola, para reducir las probabilidades de que las irregularidades fueran detectadas de inmediato durante los controles internos.

Añadió que, si se comprueba que los créditos utilizados eran fraudulentos, los recursos deberán regresar al Estado, independientemente de las responsabilidades penales que determinen las autoridades.

Finalmente, González sostuvo que este caso deja en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control dentro de las instituciones públicas y establecer mayores medidas de supervisión sobre el acceso a los sistemas informáticos del Estado para prevenir nuevos hechos de corrupción.'

8

de julio el Ministerio Público junto a la Policía Nacional realizaron la Operación Pandora que destapó el escándalo.

17

personas están siendo investigadas dentro de este caso de presunta corrupción.