Devolución de B/. 1.9 millón está en peligro

El Gobierno Nacional no tiene entre su planes devolver a los trabajadores víctimas de la Ley 25 cerca de B/ 1.9 millón que le fueron retenidos en concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando se hicieron los pagos de salarios caídos en mandato del cumplimiento de un fallo dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Manrique Mejía, coordinador del movimiento que agrupa a los 270 trabajadores que fueron despedidos con esta ley, explicó que ayer se reunieron con la directora general de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Estelabel Piad, quien dejó entrever que el Estado no tiene intención de devolver estos fondos.
Recordó que hay normas jurídicas que establecen que los dineros que son pagados en concepto de indemnización no están sujetos al pago del ISR.
Mejía no adelantó cuáles son las acciones que se tomarán hasta tanto se oficialice la resolución donde se toma la decisión de no hacer efectivo los pagos e indicó que el Estado estaría incumpliendo una decisión de un organismo internacional, del cual Panamá forma parte.
Indicó que los afectados estarán mañana en las instalaciones del MEF en la avenida Perú, para esperar de forma pacífica la entrega de la resolución y de confirmarse la negativa, entonces evaluarán las medidas a adoptar, tales como realizar acciones en las calles e informar a la CIDH que Panamá está incumpliendo el fallo.
Recordó que los trabajadores aprovecharán que la CIDH, que funciona en Costa Rica, iniciará el próximo 28 de junio el período de audiencias.
A juicio de Mejía, con esta posición el Gobierno actual se está acercando a la forma en que actuó el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien se opuso a cumplir un fallo del organismo, pero después tuvo que retractarse y cumplir con la sentencia.
Aprovechó la oportunidad para informar e invitar a sus compañeros a incrementar la lucha y hacerse presente en las diferentes jornadas programadas por los trabajadores que fueron cesados en base a la Ley 25.
El viceministro de Educación, Harry Díaz, señaló que el Ministerio y el Gobierno Central realizan esfuerzos para conseguir los recursos necesarios para pagar a los educadores a la mayor brevedad posible.
Muchos docentes ni siquiera saben que el ministerio tendrá que solicitar una partida extraordinaria para pagar.
Valencia culpó a la Dirección de Personal del Ministerio de Educación por estos retrasos, producto de serias "fallas administrativas y la improvisación" existentes en el ministerio.
Esta situación, según el dirigente, no es normal, porque ya van tres meses de clases y ni siquiera están los decretos firmados.
Si dos mil docentes están en esta situación y si cada familia está conformada por unos tres miembros, puede decirse que más de 6 mil personas son afectadas por el retraso en los pagos, sostuvo.
El educador libró de responsabilidad a la Contraloría de la República, ya que esta no puede actuar si el ministerio no envía los resueltos o los decretos de nombramiento.
Sin embargo, de acuerdo con el viceministro Díaz, la demora en la remuneración de los educadores se debe básicamente a que muchos de los contratos no han sido refrendados por la Contraloría y debido a la contención del gasto público.
Valencia indicó que hay docentes de áreas apartadas de Kuna Yala, Darién y Bocas del Toro, que ni siquiera han recibido su viático de B/. 30 mensuales, los que también están atrasados.
En total, el ministerio adeuda más de B/. 2 millones 460 mil a este grupo de educadores.