El delito tras las cámaras

EN PANAMÁ la legislación relacionada con el empleo de filmaciones como prueba de un delito, es ambigua.

No hay patrones que ayuden a quienes se dedican a esta tarea a saber cuándo se actúa bien o cuándo no, teniendo que recurrir al sentido común.

Así lo expresó el detective privado consultado por Panamá América, Jean Paul Müller.

Este experto en colocación de cámaras de filmación en miniatura, destacó que la legislación en Panamá es ambigua.

Supuestamente las filmaciones no se pueden utilizar como evidencia, pero cuando se trata de un robo en un banco, sí.

Observó que debe haber una mejor definición de la ley.

Sentenció que debe existir una regulación para los investigadores privados que se dedican a hacer este tipo de trabajos, con la finalidad de darles parámetros de cuándo se pueden o no usar las cámaras.

Por lo pronto, dijo, se utiliza el sentido común que les indica que no se deben colocar cuando éstas violan el derecho a la privacidad o cuando el lugar en donde se colocará el equipo no sea de propiedad del cliente que lo solicitó.

No obstante, para los estamentos de seguridad el uso de las cámaras de vídeo se ha convertido en una valiosa herramienta para perseguir el delito.

Incluso el Código Judicial en sus artículos 780 y 2077 admite, de cierta forma, la utilización de vídeos para la investigación y su empleo posterior como prueba.

Erving Hurtado, jefe de la División de Robo a Mano Armada de la Policía Técnica Judicial (PTJ), indicó que las autoridades tienen la facultad de solicitar través de una resolución judicial, la inspección de un vídeo o fotografía que capte un hecho delictivo.

Agregó que en todo momento esta prueba, que es vital en un proceso judicial, debe tener una validez legal del funcionario de instrucción del Ministerio Público.

Recordó que es deber de todo ciudadano que filme un evento delictivo, aportar esta evidencia a las autoridades investigativas.

Otra muestra que comprueba la utilidad de las cámaras de vídeo para las autoridades es cuando las filmaciones las efectúan agentes de la PTJ encubiertos en hechos de alto perfil.

Estas pruebas, según la fuente consultada por Panamá América, cuentan con el respaldo legal del Ministerio Público.

Incluso, ya el Código Penal ha permitido la utilización de agentes encubiertos y filmaciones para el delito de explotación sexual.

No cabe duda que las cámaras encubiertas se han convertido en una pieza vital para las investigaciones criminales.

Incluso son parte de las medidas de seguridad aplicadas por las empresas privadas y entidades públicas.

Este elemento ha permitido identificar a los responsables de los hechos punibles, determinando los vehículos que utilizan, el tipo de armas y analizar las horas en que se comete el delito; detalles básicos que son de mucha utilidad y que han ayudado en los últimos años a resolver diversos hechos delictivos.

Aunque el tema es un tanto delicado de ventilar en los medios, los centros comerciales, almacenes, entidades públicas, restaurantes y demás, han tenido que recurrir a modernizar sus sistemas de vigilancia, aseguró el inspector Erving Hurtado.

En estos momentos no cabe la menor duda que ya los delincuentes estudian y conocen los lugares que han escogido para asaltar o cometer sus fechorías.

Al menos en los cajeros automáticos obstruyen el sistema de cámaras para no ser identificados o buscan los mecanismos para evitar ser filmados.

Esto ha llevado a las empresas y a los grandes centros comerciales de la localidad a innovar sus equipos buscando los más modernos con lentes de acercamiento y en colores, aseguró el investigador.

Pero a pesar de ello, estos sistemas de vigilancia tienen que ir acompañados de un personal que supervise todos los movimientos.

En el país ya hay empresas que instalan equipos de cámaras en miniatura, un equipo novedoso para brindar seguridad a las empresas e incluso hogares, dado que son muy fáciles de camuflar.

No obstante, para el investigador privado Jean Paul Müller, en Panamá todavía se opta por usar cámaras convencionales, las cuales pueden alertar más a quienes quieran cometer un hecho delictivo.

Resulta que hay cámaras en miniaturas del tamaño de una moneda de 25 centésimos, compatibles con cualquier equipo de grabación y que tienen un costo aproximado de B/.

300.

Para controlar el robo en el hogar, el maltrato de infantes por parte de las niñeras o hasta el secuestro, las cámaras de vídeo son muy valiosas.

Los robos en hogares, así como el maltrato a los menores, son casos muy frecuentes en nuestro país, más de lo que usted imagina.

El investigador destacó que al mes recibe entre dos a tres solicitudes de filmación en hogares para el control de niñeras.

Otras peticiones comunes son las de hurto en empresas.

El Código Judicial en su artículo 2077 señala que si el delito dejare señales, el funcionario de instrucción se trasladará al lugar y podrá auxiliarse con fotografías y otros medios gráficos posibles, procurando el aseguramiento de las pruebas.

En seis casos, en lo que va del año, la tecnología de las cámaras encubiertas ha permitido resolver los delitos.