El diario Nuevo Día demanda a Gobernador Pedro Rosselló

El diario El Nuevo Día presentó recientemente una demanda contra el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Roselló, y siete de sus colaboradores por intentos de coacción contra este medio de comunicación y hostigamiento a las operaciones de la empresa Puerto Rican Cement, uno de cuyos accionistas principales es la familia Ferré.
El Nuevo Día, períodico crítico del gobierno, actualmente es objeto de presiones, persecuciones y represalias por parte de la administración del Gobernador Pedro Roselló debido a los constantes señalamientos que este diario formula contra las instancias gubenamentales.
En virtud de ello, tanto El Nuevo Día como la empresa Puerto Rican Cement, presentaron ante la Corte Federal de Estados Unidos en San Juan de Puerto Rico, una acción legal contra el Gobernador Roselló y los funcionarios Norma Burgos, Angel Morey, José Alicea, Pedro Rosario Urdaz, María Gordillo, José Caballero y José Ríos Dávila.
Los intentos del Gobierno de Roselló para acallar la voz de El Nuevo Día van desde la cancelación de toda publicidad oficial, negar información esencial al citado medio hasta el hostigamiento a los periodistas que laboran en esta empresa.
La coacción contra el períodico para que cambie su línea editorial planteada por el Secretario de Prensa del Governador, Pedro Rosario Urdaz, también fue denunciada por los codirectores de El Nuevo Día, María Luisa Ferré Rangel y Luis Alberto Ferré Rangel.
En una reunión celebrada entre representantes del Gobierno y de El Nuevo Día, Pedro Rosario Urdaz dijo, "si ustedes bajan el diapasón, nosotros bajamos el diapasón".
La campaña del Gobierno para tratar de coaccionar a El Nuevo Día no se limitó al periódico, sino que ha continuado contra la empresa Puerto Rican Cement, cuyo uno de sus principales accionistas es precisamente la familia Ferré Rangel.
Todas estas presiones contra el diario El Nuevo Día para que cambie su línea editorial violan la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que garantiza la libertad de prensa y de expresión y violan leyes específicas como la legislación federal sobre derechos civiles de 1993.
Una comisión de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP visitará este mes a Puerto Rico y podrá constatar los múltiples atropellos del cual es objeto el diario El Nuevo Día.