Estado pierde dos hectáreas de costas en playa Coronado

La toma de propiedad del Estado no se detiene en la playa de Coronado, a pesar de que la Ley 80 del 31 de diciembre de 2009 permite que estas invasiones costeras se puedan regularizar con un título de propiedad.

El exdirector de Catastro, Benjamín Colamarco, fue el primero en hacer un censo sobre la toma ilegal de la costa en Coronado, durante el primer año de la administración de Martín Torrijos.

Sin embargo, nunca procedió a aplicar las sanciones correspondientes para recuperar lo que le pertenece al Estado.

Dentro de la lista de los infractores contra el Estado figuran algunas de las familias más adineradas del país.

(Ver cuadro) Panamá Américahizo un recorrido esta semana por la playa de Coronado y comprobó que la toma ilegal de la costa continúa sin que las autoridades pongan un alto definitivo.

La mayoría de las mansiones y edificios de playa han extendido sus áreas sociales y muros hacia la ribera de playa, sin siquiera haber hecho los trámites de posesión en la Dirección Nacional de Catastro.

Los trabajos de ocupación de estas costas avanzan diariamente.

En tres residencias ubicadas frente a la playa de Coronado se ejecutan hoy día construcciones dentro de la faja de costa que pertenece al Estado.

La toma de lotes en este sitio parece ser un caso más complicado que el de los rellenos en Punta Paitilla, donde al menos un grupo mayoritario aceptó regularizar su situación a través de concesiones.

Un informe oficial de la Dirección Nacional de Catastro reveló que 107 familias y sociedades anónimas se han tomado 23,194 metros cuadrados de la playa de Coronado sin pagar un solo centésimo.

Incluso, un grupo de estos invasores se encuentra casi al límite de la zona inadjudicable de playa.

De acuerdo con la Ley 80 de 2009, es inadjudicable la faja de terreno que se ubica entre la línea de alta marea y los 22 metros hacia dentro de la costa.

Luego de estos 22 metros de distancia, se pueden adjudicar los 178 metros hacia dentro de la costa, pero a un costo variable.

En el caso de Coronado, el precio por hectárea en la costa oscila entre 150 mil y 375 mil dólares.

Cálculos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas revelaron que el Estado deja de percibir casi 1.

5 millones de dólares mensuales o 18 millones de dólares anuales por ocupación ilegal de estas propiedades, ubicadas en una de las zonas turísticas más cotizadas del país.

Alerta.

La primera denuncia formal de la ocupación ilegal de estas costas la interpuso la empresa Desarrollo Golf Coronado en 2004.

Pero luego de una serie de inspecciones, la empresa también quedó vinculada al ilícito, de acuerdo con los documentos de la Dirección Nacional de Catastro.

Al menos seis lotes de Desarrollo Golf Coronado se habrían extendido sin autorización hacia la playa.

Dentro de las investigaciones se abrieron procesos contra el Hotel Club la Gaviota por la ocupación ilegal de playa, así como a la empresa Rainfall Estates.

Sin embargo, ninguno de los procesos prosperó, y tampoco se hizo nada con el resto de los casos identificados.

Entre ellos, resalta el caso de la empresa Coronado Bay S.

A.

que, según Catastro, ocupó 1340 metros cuadrados de forma ilegal.

Mientras que Allris Real Estate ocupó otros 1202 metros de playa.

Recurrentes.

Gran parte de las familias que están en el informe de las ocupaciones en Coronado repiten en la lista de propietarios de residencias que también rellenaron sin autorización la costa de Punta Paitilla.

En este sector se ha rellenado casi una hectárea y media de costa.

El Ministerio de Economía y Finanzas ha identificado 43 rellenos no autorizados en Punta Paitilla, pero desde 1994 solo se han regularizado unos 29 a través de concesiones donde se paga solo entre 30 centésimos y un dólar 83 centésimos el metro cuadrado cada mes.

Estos rellenos continúan ampliándose para dar paso a áreas sociales de mansiones y edificios, ya que es una zona de acceso restringido.