Gobierno se declara en rebeldía ante la CIDH
Publicado 2003/07/30 23:00:00
- GINEBRA
El Gobierno se declaró en rebeldía con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y parte del fallo que ordena indemnizar a 270 ex trabajadores que fueron despedidos con la Ley 25 de diciembre de 1990, decisión que según el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, puede traer consecuencias para el país.
El viceministro de Finanzas, Publio Cortés, señaló que el Gobierno no le permitirá a la CIDH que pretenda interpretar el derecho interno de la República de Panamá, y en especial tampoco aceptará que se intente dictar una pauta sobre cómo el país aplica el derecho fiscal en lo relativo al cobro del impuestos sobre la renta.
A juicio del viceministro, la CIDH se quiere abrogar algunas facultades que no le han sido otorgadas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Indicó que luego de la emisión de la sentencia del 2 de febrero del 2001, que aseguró es la única que tiene efectos vinculantes con Panamá, la CIDH ha emitido dos resoluciones más que a juicio del “Gobierno de Panamá exceden su competencia”.
Agregó que las resoluciones emitidas posterior a la sentencia ponen en duda y cuestionan la forma en que el Gobierno interpretó su derecho interno, al momento de realizar los cálculos para la indemnización.
En tanto, Carlos Vásquez sostuvo que la decisión del Gobierno “tendrá consecuencias muy serias para el país, ya que se trata se de un Tribunal Supranacional”
Añadió que “Panamá como integrante del concierto de naciones debe acatar el derecho internacional” y que las autoridades panameñas tienen que reconsiderar esta decisión.
El viceministro de Finanzas, Publio Cortés, señaló que el Gobierno no le permitirá a la CIDH que pretenda interpretar el derecho interno de la República de Panamá, y en especial tampoco aceptará que se intente dictar una pauta sobre cómo el país aplica el derecho fiscal en lo relativo al cobro del impuestos sobre la renta.
A juicio del viceministro, la CIDH se quiere abrogar algunas facultades que no le han sido otorgadas por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Indicó que luego de la emisión de la sentencia del 2 de febrero del 2001, que aseguró es la única que tiene efectos vinculantes con Panamá, la CIDH ha emitido dos resoluciones más que a juicio del “Gobierno de Panamá exceden su competencia”.
Agregó que las resoluciones emitidas posterior a la sentencia ponen en duda y cuestionan la forma en que el Gobierno interpretó su derecho interno, al momento de realizar los cálculos para la indemnización.
En tanto, Carlos Vásquez sostuvo que la decisión del Gobierno “tendrá consecuencias muy serias para el país, ya que se trata se de un Tribunal Supranacional”
Añadió que “Panamá como integrante del concierto de naciones debe acatar el derecho internacional” y que las autoridades panameñas tienen que reconsiderar esta decisión.

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