Guerra a las armas ilegales en Panamá

La posesión ilícita de armas de fuego es el elemento fundamental que ha incidido en el aumento de la actividad delictiva. Este factor, incluso, ha tenido una repercusión negativa en el desarrollo socioeconómico del país.
El ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona Avila, dijo que a pesar de las regulaciones existentes, a diario los estamentos de seguridad siguen decomisando una gran cantidad de armas ilegales de todo tipo y calibre.
Esto va acompañado de un incremento considerable de las estadísticas de delitos cometidos con armas de fuego ilícitas. Según Escalona, el 66% de los homicidios reportados a la Policía Nacional, son ejecutados con armas de fuego, que en la mayoría de los casos son ilícitas.
Las estadísticas también reflejan que de 127 homicidios cometidos hasta el 25 de diciembre del 2002, el 95% corresponden a hombres y el 5% a mujeres. En este renglón, las personas menores de 25 años representan el 41% del total de involucrados en los homicidios causados con armas de fuego.
Los registros muestran además que el uso y la posesión de armas de fuego es el instrumento que origina las víctimas fatales que día a día consternan a la ciudadanía en general y se constituyen en un canal delictivo endémico.
El problema de armas es más grave aún en sectores como San Miguelito, donde las armas se mueven por todos lados sin ningún control. Rubén Darío Campos, alcalde del distrito, explica que un ejemplo de esta situación son los allanamientos que se efectúan, donde se encuentran toda clase de armas que deben remitirse inmediatamente a la Gobernación de la provincia de Panamá, ya que la actual ley no permite ni siquiera procesar a la persona.
En los procesos actuales, cuando se incauta un arma, el corregidor levanta un expediente y lo envía a la Gobernación, donde se procesa e imparte las sanciones de acuerdo con la ley, y traspasa intactas todas las armas.
Sostiene que en San Miguelito existe un alto nivel de utilización de armas ilegales y la situación es preocupante, debido a que constantemente la Policía está encontrando armas que pareciera se consiguen en cualquier esquina y donde hay bandas que se quejan que no tienen para comer, pero en cambio poseen revólveres 38 y 9 milímetros.
Para el ministro Escalona, las armas de fuego han sido definidas, desde el punto de vista legal, como un instrumento de defensa, y por ello su tenencia y uso es regulado por el Estado, mediante el registro y posterior permiso, a fin de establecer controles y responsabilidades que derivan del hecho de portarlas.
El proyecto de ley presentado el pasado 2 de abril ante la Asamblea Legislativa por el ministro Escalona, modificaría los códigos Penal y Judicial, para tipificar y sancionar el delito de posesión y comercio de armas prohibidas.
El proyecto plantea además cambios a la Ley 40 de 1999, relativa al Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, a fin de tipificar y aumentar la sanción de algunas conductas relacionadas con el incumplimiento a la autorización para portar armas de fuego, municiones y la tenencia de explosivos ilícitos, armas de guerra y su comercialización.
Estos cambios a códigos y leyes persiguen los siguientes objetivos: Elevar a delito la simple tenencia de un arma de fuego sin la respectiva autorización de la autoridad competente, incluyendo las armas de fabricación casera.
Establecer sanciones administrativas tanto pecuniarias como de arresto a quienes tengan vencido su permiso de portar armas de fuego o traspase un arma sin los trámites respectivos. Especificar o precisar el tipo penal y aumentar la pena para armas cuyo número de serie ha sido borrado o alterado, así como las armas modificadas aumentando su poder letal. Aumentar las penas para la posesión de armas prohibidas por la ley, de guerra, explosivos y municiones y elementos no permitidas.
Incluir las faltas de posesión de armas de fuego y de guerra, así como el tráfico, como un delito que exige prisión en un centro de cumplimiento para los adolescentes infractores (artículo 141 de la Ley 40). Incrementar las penas por el delito de lesión con armas de fuego, con resultado de muerte y en la persona de un servidor público.
Modificar el artículo 185 del Código Penal vigente al incluirse el robo con violencia cuyo objeto sean las armas de fuego, como un nuevo supuesto con pena de 5 a 7 años de prisión. Este artículo también penaliza el apoderamiento con violencia de cosas, muebles ajenos y robo de cabezas de ganado, cuya pena se mantiene, respectivamente, de 4 a 6 años y de 5 a 7 años. Modifica el artículo 186 del Código Penal aumentando la pena que en la norma vigente está de 5 a 7 años de prisión con sanción de 7 a 9 años.
Campos piensa que la propuesta es muy buena, especialmente para San Miguelito, dada la cantidad de armas ilícitas que llegan a este distrito y el poco control que como autoridad se tiene con respecto al problema.
Estima que con la propuesta se puede controlar un poco la situación, pues con los castigos más severos que se impondrían las personas pensarán un poco antes de conseguir un arma.
Para el alcalde de San Miguelito, si bien el operativo fue bastante bueno, no resulta tan positivo como se quisiera, puesto que las personas que intercambian armas por comida lo hacen bajo algún interés y sólo llevan las que ya no están en uso, lo que indica que no se desprenden de estos artículos.
Esta es una pantomima que hacen los delincuentes. En estas acciones se recogen unas 40 ó 50 armas, pero no es ni la sombra de las que existen, sino que en su mayoría representan las dañadas o las que están en desuso.