Impuestos, corrupción, evasión y derechos humanos
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 1 establece que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros", esto significa que en Panamá, como en cualquier otro país, el Estado tiene la obligación de asegurar a todos y todas el goce de todos los derechos humanos. Por otra parte, el aseguramiento de derechos humanos tales como la seguridad alimentaria, la salud y la educación son centrales para contar con una fuerza laboral consciente de sus derechos ciudadanos, así como con la capacidad de sostener un desarrollo basado en la difusión de un progreso tecnológico que eleve la productividad, promueva la equidad social y respete el medio ambiente.
En Panamá, es obvio que el Estado dista mucho de cumplir con su papel. En términos de la educación vale recordar que 46% de los jóvenes que estarían en edad de haber completado su educación secundaria simplemente no lo han hecho. Además, pese a que los panameños estudian en promedio 11.3 años, cuando se toma en cuenta la calidad de la enseñanza estos se reducen a apenas 7.2 años, a esto se puede agregar que el 16.1% de los niños y niñas panameños muestran carencia en términos de educación y formación temprana. De acuerdo con el índice de capital humano del Banco Mundial, un niño que nace hoy solo tiene, en promedio, la posibilidad de desarrollar el 53% de su capacidad productiva.
De acuerdo con la FAO, cerca de 400,000 habitantes de nuestro país mostraron durante el período 2015 – 2017 una situación de desnutrición. Para el mismo período, se puede agregar, que cerca de 200,000 mujeres panameñas en edad reproductiva están afectadas por anemia. El Índice de Pobreza Multidimensional de Niños, Niñas y Adolescentes (2018), muestra que el 15.6% de estos manifiestan carencia en términos de la alimentación variada necesaria y que el 14.3% está en condiciones deficitaria en términos de prevención y riesgos de salud.
Entre las causas más importantes que explican por qué el Estado no cumple con estos importantes derechos humanos está la corrupción, la cual debe entenderse en sus diversas y variadas formas. La forma más conocida de esta es la de la corrupción que se da entre funcionarios públicos y empresarios privados para beneficiarse ilegalmente, generando una lesión patrimonial. Aun cuando es difícil medir el impacto económico preciso de esta, algunas fuentes en nuestro país la calculan en una suma equivalente al 3% o 4% del producto interno bruto (PIB).
Una forma menos divulgada y soterrada de corrupción está dada por la evasión fiscal. En este caso, si se compara lo que se conoce como los ingresos tributarios teóricos, es decir los que se deberían obtener por la aplicación de las disposiciones legales y lo que efectivamente se recauda, se puede observar que para el 2016, de acuerdo con la DGI, esta diferencia alcanzó a $4,744.9 millones, de los cuales por lo menos $4,300.9 millones están relacionados con las actividades empresariales que se dan en el país. Se trata de, por lo menos, el 7.4%. Es claro que esta evasión tributaria significa un enorme peso negativo para la equidad social. En Panamá, tal como lo afirma la Cepal para toda la región: "la evasión y elusión tributaria sigue siendo uno de los principales obstáculos a la movilización de recursos internos para financiar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Es claro, entonces, la importancia que tiene para el país combatir las dos formas de corrupción aquí comentadas, cuyo costo puede alcanzar a entre 10.4% y 11.4% del PIB./