Panamá violó normas al repatriar colombianos
Publicado 2003/08/08 23:00:00
- Oscar A. Martínez C.
Panamá podría enfrentar una nueva demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, luego que un informe conjunto de las Defensorías de Colombia y Panamá concluyera que la Policía Nacional y la Oficina Nacional Para la Atención de Refugiados desatendieron principios y derechos humanitarios internacionales de los refugiados, al repatriar a 109 desplazados colombianos.
El informe se refiere al caso donde las autoridades panameñas repatriaron a ciudadanos colombianos que estaban en Darién, ente ellos, 65 menores de edad, y donde se denunció agresiones, maltratos y que la repatriación fue obligada.
Según el informe, Panamá podría verse comprometida internacionalmente, ya que su actuación en esta repatriación no se ajusta a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de Indias sobre Refugiados de 1984, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Agrega que las 109 personas devueltas a Colombia por el Gobierno de Panamá provenían de las cuencas de los ríos Cacarica y Salaquí, lugares en donde se intensificó la actividad de grupos paramilitares en la región, lo que ponía en peligro su vida y seguridad.
Bajo estas circunstancias, la repatriación infringe el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que señala que estas personas en peligro de ser objeto de las acciones armadas, deben ser protegidas por el Estado.
En el informe se concluye que mediante material probatorio acopiado por las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia se determinó que la mayoría de los colombianos devueltos por las autoridades panameñas fueron requeridos a firmar un documento y que no todos tuvieron la oportunidad de leerlo previamente. Sin embargo, reconoce que las denuncias de torturas y tratos degradantes hechas contra la Policía panameña no fueron corroboradas.
El Gobierno panameño, y en particular la Policía Nacional, han negado categóricamente haber maltratado a los refugiados o que éstos fueran engañados para que regresaran a Colombia.
El informe se refiere al caso donde las autoridades panameñas repatriaron a ciudadanos colombianos que estaban en Darién, ente ellos, 65 menores de edad, y donde se denunció agresiones, maltratos y que la repatriación fue obligada.
Según el informe, Panamá podría verse comprometida internacionalmente, ya que su actuación en esta repatriación no se ajusta a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967, la Declaración de Cartagena de Indias sobre Refugiados de 1984, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Agrega que las 109 personas devueltas a Colombia por el Gobierno de Panamá provenían de las cuencas de los ríos Cacarica y Salaquí, lugares en donde se intensificó la actividad de grupos paramilitares en la región, lo que ponía en peligro su vida y seguridad.
Bajo estas circunstancias, la repatriación infringe el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que señala que estas personas en peligro de ser objeto de las acciones armadas, deben ser protegidas por el Estado.
En el informe se concluye que mediante material probatorio acopiado por las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia se determinó que la mayoría de los colombianos devueltos por las autoridades panameñas fueron requeridos a firmar un documento y que no todos tuvieron la oportunidad de leerlo previamente. Sin embargo, reconoce que las denuncias de torturas y tratos degradantes hechas contra la Policía panameña no fueron corroboradas.
El Gobierno panameño, y en particular la Policía Nacional, han negado categóricamente haber maltratado a los refugiados o que éstos fueran engañados para que regresaran a Colombia.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.