Piden castigo severo por robo de cables

E L ASESINATO a tiros de un educador en La Chorrera que cuidaba los cables de teléfonos de su comunidad, trajo al tapete las pérdidas millonarias que ha sufrido la empresa Cable & Wireless en este sentido y la necesidad de que se apruebe una ley que castigue severamente este delito.
Las pérdidas de Cable & Wireless suman cerca B/.1.8 millones este año por hurto de cables telefónicos.
Mara Rivera, gerente de Comunicaciones, informó que esta cifra se ha triplicado en comparación con el año pasado, ya que en el 2005 hubo 302 casos registrados de hurto de cables lo que representó en pérdidas B/.698 mil. Pero en el 2006 se han contabilizado 922 casos, lo que asciende a un valor de casi B/. 2 millones.
Rivera sostuvo que sólo en materiales para restablecer el servicio gastaron B/.1 millón y en mano de obra B/.400 mil.
Informó que los sitios donde se registran estos robos con mayor frecuencia son: en la capital Samaria, Villalobos en Pedregal; en el interior Chiriquí y se ha estado intensificando en el área de Coclé.
Explicó que estos delitos se cometen en lugares donde las casas no están compactas, es decir una cerca de la otra, aunque haya una alta densidad de población.
En Panamá Metro se han dado 406 casos, Panamá Oeste 180, Colón 144 y Chiriquí 77. Bocas del Toro es el lugar donde menos hurtos se dan con sólo cinco.
Advirtió que restaurar el servicio en este tipo de casos le toma a la empresa hasta dos meses, porque hay mucha reincidencia de hurtos en los mismos sitios. Además indicó que tienen que traer los cables hurtados del exterior, específicamente Estados Unidos, México y Sur América.
Por su parte, el diputado Rogelio Paredes instó a sus colegas a discutir y aprobar con prontitud el proyecto de ley que impone penas de cárcel más severas para quienes se dediquen al robo de cables.
"Con este hecho de sangre estamos llegando ya al límite insoportable porque se trataba de un docente con más de 30 años de servicio, que no tenía porqué estar vigilando los postes del tendido eléctrico y telefónico", señaló.
Sostuvo que es necesario que este proyecto se discuta para sancionar penalmente "al roba cable y al compra cable". "Vamos a elevar las sanciones que hoy están entre dos y tres años de cárcel, para subirlas de cuatro a ocho años para que entren en una categoría en donde no se admite fianza ni medidas cautelares", destacó.
A juicio del diputado perredista el hurto de estos fluidos (cables) requiere de prontas reformas con el propósito de tipificar los casos de daños a la infraestructura, objetos o bienes destinados al servicio público de telecomunicaciones, energía, agua y señales de vídeo, así como aquellos que compren o vendan el producto de estos ilícitos.
De acuerdo con el proyecto, el hurto de este tipo de accesorios será sancionado de 30 meses a 6 años de prisión.
La sanción se incrementaría de 6 a 8 años de prisión si el hecho fuere cometido por dos o más personas o cuando se interrumpa la prestación de algún servicio público.
Además el que transporte, oculte, adquiera o reciba dinero, valores u objetos derivados, adquisición, receptación u ocultación, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y de 100 a 150 días multa. Si el valor es de más de 100 mil balboas, la pena será de 5 a 7 años de prisión.