Piden sanciones para los abogados que dilatan casos

Las tácticas dilatorias son cada vez más comunes entre los abogados que buscan la manera de retrasar los procesos - sobre todo aquellos casos de alto perfil- presentando un sin fin de recursos o ausentándose de las audiencias.

Todo indica, que el temor de algunos jueces y magistrados impide que a los abogados se les apliquen sanciones por utilizar técnicas para atrasar los casos.

El numeral 9 del Artículo 199 del Código Judicial es claro: “son deberes en general de los magistrados y jueces.

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prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, probidad y buena fe; lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la ley o de realizar actos procesales irregulares”.

Pero los retrasos de los casos no solo se deben a la excesiva presentación de recursos legales, sino también a la ausencia por incapacidades médicas de los abogados, lo que provoca la suspensión de las audiencias y por ende, la dilatación del proceso.

Para evitar que esto suceda, algunos juzgados y tribunales fijan la fecha principal y otra alterna para el juicio.

Y en otros casos, hasta designan a un defensor de oficio para que sustituya al abogado particular,si este llega a ausentarse en la próxima fecha establecida para el juicio.

De esta estrategia utilizada por los abogados está muy al tanto el presidente de la Corte, Aníbal Salas quien atribuye parte de la mora judicial, en los casos de alto perfil, a los recursos que presentan los juristas con carácter dilatorio.

Aunque advirtió que la mayoría de los abogados son respetuosos de la ley que les permite presentar recursos en los procesos, pero reconoce que hay algunos que se exceden.

“Creemos en el derecho legítimo de litigar de los abogados, pero esa limitación debe surgir de la ética de cada abogado”, acotó.

Salas se refiere al Artículo 1119 del Código Judicial, en el que se determinan los medios de impugnación y de consulta dentro de los procesos.

En tanto, el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, consideró que la presentación de los recursos están establecidos en la ley y la mayoría de los defensores los utilizan adecuadamente.

Aunque, también admitió que existe una minoría que no utilizan los recursos como deben ser.

Agregó que es obvio, que en los casos de alto perfil los abogados utilizaran todas las técnicas que les permite la ley,sin embargo es potestad del Órgano Judicial decidir sobre estos recursos.

Para la fiscal Superior, Argentina Barrera, el desenvolvimiento del proceso penal se puede ver afectado con estas tácticas dilatorias que presentan algunas de las partes.

“Algunos abogados consideran que dilatando los procesos pueden tener otras oportunidades para la defensa o simplemente buscan que éste no llegue a su etapa final”, lo que se puede considerar que viola el debido proceso.

Paralización.

Un ejemplo de estos casos estancados: es el escándalo del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis) que está detenido por 10 recursos presentados por los jurisperitos de las partes.

Entre los recursos, está un incidente de prescripción que presentó el pasado mes de mayo la defensa del expresidente Martín Torrijos.

Con el mismo, se busca que se archive el expediente, pues su defensa sostiene que han pasado nueve años desde que se suscitaron los supuestos hechos de corrupción.

También existen dos incidentes de controversias en contra de la orden de indagatoria al exmandatario.

Además, hay una advertencia de inconstitucionalidad contra la apertura del proceso que presentó la defensa de Mateo Castillero, implicado en el proceso.

En el caso conocido como los “durodólares”, que implica a la exsecretaria de la Presidencia de la República, Dalvis Xiomara Sánchez, se mantiene congelado como estuvieron los 45 mil dólares que ocultó en un congelador en el año 2002.

Después de nueve años, se realizó en enero pasado la audiencia de fondo, luego de varias tácticas para evitar que se desarrollará el caso y ahora el Juez Tercero de lo Penal no puede emitir una decisión, hasta que en la Sala Tercera de la Corte se resuelva una demanda de inconstitucionalidad, presentada por su abogado Rogelio Cruz, que ataca los informes de la Contraloría, que determinan que la ex funcionaria no pudo justificar la tenencia del dinero.

Petición.

Otro de los procesos que no avanzan, es el referente al supuesto soborno que vincula al ex fiscal Arquímedes Sáenz.

Seis años después del hecho, ni siquiera se ha podido hacer un juicio en contra del exfuncionario.

El proceso estuvo estancado en el Juzgado Segundo Penal de San Miguelito hasta que fue declarado nulo, ya que este despacho no tenía competencia y fue declinado al Juzgado Segundo de La Chorrera.

El pasado 27 de mayo se suspendió la audiencia, luego que su defensa apeló la no admisión de la prueba testimonial de la exprocuradora Ana Matilde Gómez.

El sumario data del 2005.

La apelación estuvo resuelta por el Segundo Tribunal, que confirmó la decisión del juzgado.

Después de la notificación de esta resolución se debe fijar la nueva fecha de audiencia.