Precedente en Perú fortalece los argumentos de la defensa de RM

El reciente y contundente fallo del Tribunal Constitucional del Perú a favor del expresidente Ollanta Humala, que anuló su proceso por lavado de activos al determinar que el financiamiento de campaña no constituía delito al momento de los hechos, abre una ventana clave que respalda las denuncias de violaciones al debido proceso planteadas en Panamá por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Ángel Álvarez, abogado defensor y miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, señaló que la decisión de la Corte peruana sienta un hito de protección constitucional que desnuda las falencias de procesos con motivaciones similares en la región, especialmente en casos como New Business y Odebrecht.

Álvarez destacó que el tribunal peruano hizo un análisis técnico impecable al recordar que los aportes electorales no pueden ser catalogados arbitrariamente como blanqueo de capitales. Este mismo escenario, argumentó, se replicó en Panamá en contra del exmandatario.

"En Perú, el caso de la campaña, la aceptación de dinero era una falta electoral y no un delito penal en el momento en que se juzgó. En Panamá esa situación se repitió: fue evidente que el dinero fue receptado para fines políticos", sostuvo Álvarez.

El jurista enfatizó que el fallo cuestiona severamente la ausencia de un "delito precedente" claro y probado, un vicio procesal que la defensa de Martinelli ha denunciado de forma persistente ante los tribunales panameños sin recibir una respuesta apegada a la ley.

Por su parte, el abogado Juan Carlos Araúz explicó que este pronunciamiento ratifica que ninguna persona puede ser juzgada o condenada por conductas que no estuviesen expresamente definidas como delito en la ley al momento de ocurrir.

Aunque se trata de una sentencia dictada en Perú, Araúz resaltó que el fallo se alinea de forma directa con las garantías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (artículo 9 de la Convención Americana) y servirá como un poderoso argumento persuasivo y de derecho comparado para las defensas penales en Panamá y la región.'

El fallo reafirma un principio esencial del Estado de Derecho: nadie puede ser investigado, juzgado o condenado por una conducta que no estuviera previamente definida como delito por la ley.

Para Araúz, aunque el fallo solo produce efectos jurídicos directos dentro del ordenamiento peruano, sus fundamentos pueden ser invocados como derecho constitucional comparado.

Sostiene Araúz que este fallo no define el resultado de ningún proceso en Panamá, pero sí fortalece una línea de defensa que probablemente será utilizada y desarrollada por la litigación penal en toda América Latina.

Asimismo, Álvarez subrayó el rol que deben asumir los tribunales constitucionales para frenar a tiempo los abusos de instancias inferiores: "La Corte en Perú explica que no es necesario que transcurran años y años para remediar una violación significativa de derechos fundamentales. Este precedente de justicia debe servir para revisar las decisiones dictadas contra Martinelli o cualquier ciudadano en este tipo de procesos".

Con este panorama, la resolución del caso Humala no solo pone en evidencia las inconsistencias de tipificar el financiamiento político como blanqueo de capitales, sino que también deja trazado un camino sólido para que la justicia panameña corrija los excesos cometidos en las instancias locales. La defensa confía en que este criterio jurisprudencial internacional termine por prevalecer y sirva como fundamento técnico indispensable para revertir las condenas que pesan sobre el exmandatario.