Presidente Varela, esquivo ante nueva vinculación en caso Odebrecht

Ante nuevas declaraciones que afirman que el presidente Juan Carlos Varela recibió dinero de la constructora Odebrecht para financiar su campaña política, el mandatario siguió evadiendo el tema, y afirmó que el Tribunal Electoral ha certificado quiénes fueron sus donantes.

Contrario a intervenciones anteriores, en esta ocasión Varela evitó emitir comentarios sobre la declaración de Jaime Lasso, quien afirmó que a la campaña del mandatario en 2009 entraron 700 mil dólares de la empresa brasileña, para no viciar el expediente.

"Tengo que actuar de forma responsable para proteger un caso del cual depende mucho que no exista impunidad en el país", expresó.

Hay que destacar que en días pasados, el presidente Varela enfatizó que las investigaciones que adelanta el Ministerio Público "deben continuar con el respaldo de todos los panameños", porque "la lucha contra la corrupción no puede detenerse".

A su vez, en ocasiones anteriores el jefe del Órgano Ejecutivo ha formulado hasta mensajes a los jueces y magistrados acerca de sus funciones, lo que podría interpretarse como una violación a la separación de poderes que reza en la Constitución.

Para la diputada del PRD Zulay Rodríguez, ya es tiempo de hacer algo al respecto debido a que Lasso no es la única persona que vincula a Varela en el escándalo de sobornos de Odebrecht.

Rodríguez opinó que es la procuradora Kenia Porcell la que está fallando y provocando que no se sepa la verdad de este caso.'

Cifras

364 tomos tiene hasta el momento el expediente sobre los supuestos sobornos de Odebrecht.

68 son las personas imputadas que tiene el Ministerio Público (MP) por este caso.

"Aquí están Jaime Lasso, Tacla Durán, Fernando Dimaglio y Ramón Fonseca Mora, quienes en sus declaraciones han señalado cuáles son las personas de este gobierno que recibieron sobornos, entonces por qué se quiere culpar de lo que ha pasado a la Corte", agregó Rodríguez.

La diputada, quien manifestó ser crítica de la Corte Suprema, agregó que en este caso, el órgano del Estado ha respetado los términos y el debido proceso.

Rodríguez añadió que Porcell ha dejado vencer los términos en este caso para beneficiar a los "peces gordos" de este gobierno que recibieron sobornos de la constructora Odebrecht.

En sus declaraciones, la procuradora siempre se ha referido como imputados de este caso a funcionarios del gobierno anterior y nunca ha hablado sobre autoridades o allegados de la actual administración que, incluso, han sido mencionados en medios internacionales.

No hubo solicitud

El Ministerio Público (MP) nunca solicitó que se declarara la investigación sobre Odebrecht como compleja, señaló la abogada y exfiscal Guillermina McDonald.

Agregó que la Constitución es clara en establecer que los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, y en virtud de eso, para que una investigación sea declarada "causa compleja", hay un artículo de la ley que dice que el fiscal tiene que solicitarlo ante un juez.

Dicha solicitud, según la abogada McDonald, nunca fue realizada por el Ministerio Público.

De acuerdo con la abogada, este requisito "es importante porque efectivamente, así tiene otras connotaciones, pero como no lo solicitó el MP, no puede haber esta estipulación de compleja y debió regirse por lo ordinario, en el que puede seguirse investigando todo el tiempo necesario, siempre y cuando no haya detención".

La jurista agregó que más allá de la impunidad y la justicia selectiva que impera en este caso, ha entrado en rejuego la arbitrariedad de algunos funcionarios del Ministerio Público versus la legalidad que han expresado otros funcionarios (del Judicial) en el ejercicio de sus funciones.

Según McDonald, "llama la atención que el pasado 29 de agosto se ordenó la detención del señor José Domingo Arias, ¿había necesidad de ordenar esa detención?, ya la fiscal -Zuleyka Moore- tenía conocimiento de que si lo hacía, tenía solo dos meses para culminar la investigación".

Hay que destacar que estas fallas se dan cuando existían dos años de haberse investigado el caso, y teniendo los instrumentos para hacer las pesquisas, no se cumplió con la ley, agregó la jurista.

"Debió solicitarse la causa compleja, pero sería para poder cambiar el estatus del detenido, que es de dos meses", puntualizó.

En tanto, el diputado de Cambio Democrático Héctor Aparicio indicó que el Judicial estableció las pautas para la investigación, la cual establecía que una vez se detuviera a una persona empezaban a correr los términos, algo que sucedió con la detención de los exministro de Estado Frank de Lima, Jaime Ford y José Domingo Arias.