Solicitan constituyente antes de reformar el Código Electoral

El paquete de reformas electorales sigue siendo un parche para enmendar errores de los procesos electorales anteriores, según la visión de varios expertos en la materia.

Por ello, proponen a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, fijarse en la Constitución Política antes de modificar el Código Electoral.

Este punto se sustenta en el hecho de que entre las propuestas o cambios que se le quieren hacer a las actuales reglas de juego, se contempla el aumento de diputados en la Asamblea Nacional (AN).

Sin embargo, el rango de legislación de estos nuevos padres de la patria abarcaría todo el país, incluyendo las comarcas Guna y Ngäbe-Buglé.

Aunque se ha hecho más énfasis en el tope de donaciones privadas y públicas, pocos son los que encuentran beneficio en aumentar el número de diputados en la Asamblea, tal como expresó el constitucionalista Ernesto Cedeño.

"Ese punto tiene una debilidad constitucional... a mí no me parece que la Carta Magna establezca que un diputado legisle a nivel nacional, siempre y cuando no se trate de proponer o discutir leyes de carácter nacional", expresó.

Por su lado, Carlos Lee, expresidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, señaló que antes de aprobar reformas a las reglas electorales, se debe ajustar la Constitución Política de Panamá para que las reglas sean justas para todos.

"Las reformas tienen una camisa de fuerza que es la Constitución Política de Panamá, en la que toda la expresión política está concentrada en los partidos políticos", indicó.

Continúa la partidocracia

Dicha modificación, que deberá ser discutida en la Asamblea, a partir del 2 de enero del próximo año, ha generado un sinnúmero de conjeturas entre los entendidos, que al final convergen en el mismo punto: favorecer a los partidos tradicionales.

De esta forma lo plantea el excandidato presidencial Juan Jované. A su juicio, la politización del Tribunal Electoral y las rígidas exigencias a las candidaturas independientes, son muestra de que este es un país sujeto a los intereses de las sociedades políticas dominantes.

"Es una norma ajustada a los partidos políticos y que tiende a disminuir la presencia de personas que quieran participar políticamente, pero a través de partidos no tradicionales".

Según la nueva norma, el financiamiento público para las candidaturas independientes se reduce al 2%, mientras que para los partidos asciende al 98% del total asignado.

"Se consolida el poder de los partidos grandes; en el fondo, la actitud del Tribunal Electoral es que entiende que no debe ampliar la democracia", dijo Jované.

La polémica reforma también contempla el uso y regulación de redes sociales.

Ante esta idea, pocos son los convencidos, ya que ven como un asalto a la libertad de expresión el hecho de que una institución las regule.