Temen que Ejecutivo se inmiscuya en la DIJ
Publicado 2007/05/30 23:00:00
- Argentina/
El criminólogo Jammes Innis señala que la Policía también necesita cambios, para subsanar casos de corrupción.
EL PROYECTO 294 que reestructura la ley que creó a la Policía Técnica Judicial (PTJ) sigue generando comentarios adversos, ante la principal preocupación de que el Ejecutivo, pueda inmiscuirse en los procesos de investigación en manos de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que estaría adscrita a la Policía Nacional, según el proyecto.
Según el criminólogo, James Innis, el proyecto presentado "compromete la investigación criminal, pues, el gran problema son los nombramientos políticos".
"Ese es un riesgo muy grande, y el Ejecutivo sería el más beneficiado porque políticamente puede manejar el sistema a su antojo si se aprueba una norma de este tipo. Es un riesgo grandísimo y sería un desastre", reiteró.
Recordó que el sistema de justicia criminal se comprende de cinco elementos, entre ellos: la Corte, el Ministerio Público, el Dirección de Sistema Penitenciario, la Policía y la PTJ, elementos que deben operar cada uno dentro de sus facultades.
El ex ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, quien en los inicios de los 90 impulsó la ley que creó la PTJ, no cree que la solución propuesta sea la más conveniente para el país, poniendo en dudas primero, la constitucionalidad de la sugerencia del Ejecutivo.
A su juicio los agentes de la policía estarían ejerciendo funciones investigativas que no le competen, y que la Constitución por ninguna parte les asigna.
Arias Calderón, quien forma parte del partido Popular, aliado del gobierno fue enfático al señalar que colocar la investigación judicial bajo una entidad del Órgano Ejecutivo, lo hace objeto de influencias políticas diversas y hasta contrapuestas.
¿Quién ha dicho que en la Policía Nacional no se han cometido delitos? Se han dado casos de policías que han asesinado a sus esposas, involucrados en secuestros, narcotráfico y otros actos criminales; pero esto no quiere decir que hay que cambiar a la institución, afirmó el ex procurador de la Nación, José Antonio Sosa.
"Con este proyecto se quiere retornar a lo que en su momento hizo el DENI y el G-2, y eso afectaría el actual sistema democrático", advirtió.
Otros de los que plantean la necesidad de reformar también la Policía Nacional es el ex director de la PTJ, Jaime Abad, quien aunque dijo estar a favor del documento precisó que si se va a sacrificar a la PTJ para incorporar parte de ella en la Policía Nacional, esta última entidad también tiene que sacrificarse.
Recomendó que se fusionen en un solo organismo a la actual Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) que según el proyecto están adscrita a la Policía Nacional.
"Si no lo hacen, anticipo que el proyecto corre el riego de convertirse en letra muerte. Eso fomentará el ambiente de competencia y lo hará inoperante", advirtió.
De acuerdo con la ministra Olga Gólcher, el proyecto está dirigido a fortalecer las instituciones, creando un cuerpo, el Organismo de Investigación Criminal (OIC) que tenga la capacidad de conducir las investigaciones judiciales con las mejores herramientas de criminalística, y dotando a otro organismo (DIJ) de la capacidad operativa en materia de investigación.
Explicó que el motivo fundamental de asignar la misión de investigación judicial a la Policía Nacional es para cumplir el objetivo de servir de la forma más eficaz al Ministerio Público y al Órgano Judicial, en la investigación de los delitos.
Aseguró que se ha comprobado que el sistema de investigación dentro de la Policía Nacional como colaboradora del Ministerio Público funciona en otros países. "Nosotros hemos evolucionado como país, y este es el momento en que la policía colabore más consistentemente en el tema de justicia dentro del proceso de investigación", añadió.
Según el criminólogo, James Innis, el proyecto presentado "compromete la investigación criminal, pues, el gran problema son los nombramientos políticos".
"Ese es un riesgo muy grande, y el Ejecutivo sería el más beneficiado porque políticamente puede manejar el sistema a su antojo si se aprueba una norma de este tipo. Es un riesgo grandísimo y sería un desastre", reiteró.
Recordó que el sistema de justicia criminal se comprende de cinco elementos, entre ellos: la Corte, el Ministerio Público, el Dirección de Sistema Penitenciario, la Policía y la PTJ, elementos que deben operar cada uno dentro de sus facultades.
El ex ministro de Gobierno y Justicia, Ricardo Arias Calderón, quien en los inicios de los 90 impulsó la ley que creó la PTJ, no cree que la solución propuesta sea la más conveniente para el país, poniendo en dudas primero, la constitucionalidad de la sugerencia del Ejecutivo.
A su juicio los agentes de la policía estarían ejerciendo funciones investigativas que no le competen, y que la Constitución por ninguna parte les asigna.
Arias Calderón, quien forma parte del partido Popular, aliado del gobierno fue enfático al señalar que colocar la investigación judicial bajo una entidad del Órgano Ejecutivo, lo hace objeto de influencias políticas diversas y hasta contrapuestas.
¿Quién ha dicho que en la Policía Nacional no se han cometido delitos? Se han dado casos de policías que han asesinado a sus esposas, involucrados en secuestros, narcotráfico y otros actos criminales; pero esto no quiere decir que hay que cambiar a la institución, afirmó el ex procurador de la Nación, José Antonio Sosa.
"Con este proyecto se quiere retornar a lo que en su momento hizo el DENI y el G-2, y eso afectaría el actual sistema democrático", advirtió.
Otros de los que plantean la necesidad de reformar también la Policía Nacional es el ex director de la PTJ, Jaime Abad, quien aunque dijo estar a favor del documento precisó que si se va a sacrificar a la PTJ para incorporar parte de ella en la Policía Nacional, esta última entidad también tiene que sacrificarse.
Recomendó que se fusionen en un solo organismo a la actual Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) que según el proyecto están adscrita a la Policía Nacional.
"Si no lo hacen, anticipo que el proyecto corre el riego de convertirse en letra muerte. Eso fomentará el ambiente de competencia y lo hará inoperante", advirtió.
De acuerdo con la ministra Olga Gólcher, el proyecto está dirigido a fortalecer las instituciones, creando un cuerpo, el Organismo de Investigación Criminal (OIC) que tenga la capacidad de conducir las investigaciones judiciales con las mejores herramientas de criminalística, y dotando a otro organismo (DIJ) de la capacidad operativa en materia de investigación.
Explicó que el motivo fundamental de asignar la misión de investigación judicial a la Policía Nacional es para cumplir el objetivo de servir de la forma más eficaz al Ministerio Público y al Órgano Judicial, en la investigación de los delitos.
Aseguró que se ha comprobado que el sistema de investigación dentro de la Policía Nacional como colaboradora del Ministerio Público funciona en otros países. "Nosotros hemos evolucionado como país, y este es el momento en que la policía colabore más consistentemente en el tema de justicia dentro del proceso de investigación", añadió.

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