Transportistas presentan denuncia contra financieras

Una denuncia contra un grupo de financieras por el aseguramiento irregular y medidas de hecho en el trámite, captura, medidas cautelares y procesos coactivos en perjuicio de una gran cantidad de transportistas fue presentada ayer por el legislador arnulfista Marcos González.
De acuerdo con González, existe una gran cantidad de transportistas y organizaciones de transportes que aducen irregularidades y medidas de hecho adoptadas por varias financieras para cautelar bienes de los transportistas de manera ilegal.
Explicó que entre las irregularidades detectadas se encuentra la concertación de acuerdos elevados a nivel de escrituras públicas ilegales en vista que expresan por escrito situaciones que no son ciertas, tal como la determinación que un certificado de operación constituye una prenda mercantil.
También señaló que se ha detectado el llamado arrendamiento financiero, mejor conocido como leasing, en virtud del cual convencen a los transportistas de traspasar los certificados de operación a favor del ente financiero para garantizar la adquisición de un vehículo.
Precisó que esta acción se realiza a pesar de la disposición legal en donde se dispone que los certificados de operación pueden ser emitidos a personas jurídicas únicamente, cuando éstas son debidamente reconocidas como prestatarias del servicio de transporte público terrestre de pasajeros.
A la vez denunció la re posesión ilegal de vehículos, al margen de una instrucción sumarial, sin mediar secuestro o medida cautelar alguna, mucho menos inventario y demás requerimientos mínimos necesarios para salvaguardar los derechos del deudor.
Por otra parte, denunció que aquí se produce la administración ilegal de los vehículos secuestrados en el sentido de que los alquilan a terceros, sin mediar registro, conocimiento del deudor original, las autoridades judiciales o administrativas.
Además se produce la venta real y efectiva de los mencionados vehículos a terceros, sin mediar conocimiento del deudor original, ni de las autoridades judiciales. Añadió que el traspaso del vehículo amparado por un certificado de operación necesariamente implica la separación administrativa del vehículo y el certificado, por lo cual esta transacción es teóricamente imposible.