Tribunal de Cuentas archiva caso de Fundación Mar del Sur

El Tribunal de Cuentas ordenó el "cierre, archivo y levantamiento de las medidas cautelares" que se mantenían contra ex funcionarios de la administración de la ex presidenta Mireya Moscoso, quienes recibieron B/45 millones del gobierno de Taiwán para obras sociales a través de la Fundación Mar del Sur.

Fernando De Gracia, ex ministro de Salud, fue notificado del levantamiento de las investigaciones el pasado 12 de noviembre por el Tribunal de Cuentas, al igual que otras 11 personas naturales y jurídicas, vinculadas a una presunta lesión patrimonial que ascendía a más de B/3 millones.

La acción se tomó luego que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Benavides, falló que era "nula por ilegal" la auditoría solicitada por Alvin Weeden, quien fungía en 2004 como contralor de la República.

“La Contraloría incurrió en un vicio de nulidad absoluta”, dijo Benavides.

Weeden sustentó, en su momento, que los dineros donados por Taiwán a Panamá eran fondos públicos manejados por la Fundación Mar del Sur.

De acuerdo con las investigaciones, la Fundación Mar del Sur tuvo como fuente principal B/45 millones para la construcción y equipamiento del Hospital José Domingo de Obaldía en Chiriquí.

También, B/977 mil provenientes de intereses generados por cuentas de ahorros y corrientes, plazo fijo y “overnight” en el Banco Nacional y en el otrora Banco Panabank.

Otros fondos que manejaba la Fundación provenían de la venta de pliegos de cargos, mobiliarios, equipos e intereses generados al cierre de operaciones que se realizó días antes de que Moscoso terminara su gestión.

Proceso.
Los otros que también ocuparon altos cargos y que formaban parte de la Fundación eran Gaudencio Rodríguez, ex asesor del despacho de De Gracia y tesorero de la Fundación; Rubén Candanedo, ex secretario general del Ministerio de Salud y secretario de la Fundación; Álvaro Antadillas, asesor presidencial en el gobierno de Moscoso; Juan Pablo Barés, ex director del Hospital Oncológico y Carlos Ramírez, director ejecutivo de la Fundación.

El fallo de Benavides fue respaldado por el magistrado Winston Spadafora; sin embargo, el ex magistrado Adán Arnulfo Arjona salvó su voto.

Arjona resaltó que era importante tener en cuenta que esta Fundación estaba integrada por dignatarios que ocupaban posiciones directivas y de asesoría en las instituciones como Alexis Pinzón, ex viceministro de Salud y vicepresidente de la Fundación, así como Amalia Rodríguez French, ex asesora del Ministerio de Salud.

Expuso que al constituirse la Fundación se estableció que era “sin ánimo de lucro” y “no privada”.

Fondos.
El monto real por el que se dispuso la cautelación y que serán devueltos fue por B/5.5 millones que corresponden a B/3.8 en concepto de posible lesión, más B/1.6 millones en intereses aplicados a De Gracia, Candanedo, Antadillas y Barés.

En tanto, a Delio Zúñiga se le cauteló B/1 millón 500, mientras que a Héctor Candanedo y a Hermann Castro B/1.1 millones.