Violencia y corrupción en los centros penitenciarios

Dentro de las cárceles de Panamá se viven graves problemas sociales y de hacinamiento, describió un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), presentado ayer.

El informe destaca una serie de puntos que van desde las deficientes condiciones en las estructuras físicas de las cárceles, la falta de programas de resocialización, la aplicación de torturas y el uso excesivo de la fuerza, hasta el abuso de la detención preventiva, que ocasiona hacinamiento en los centros penales.

Violencia en las cárceles dejó 13 muertos entre 2009 y 2010.

Este estudio fue presentado como resultado de un monitoreo que se hizo en todas las cárceles de América. En Panamá, la investigación de campo se realizó en el periodo de octubre de 2009 hasta 2010.

Ángel Calderón, director del Sistema Penitenciario, indicó que este es un informe que recoge los resultados actuales que en Panamá se han hecho en materia de sistema penitenciario.

Señaló que el proyecto de la construcción de la nueva cárcel en Pacora logrará resolver los cuestionamientos que hay en materia de infraestructuras adecuadas y el hacinamiento. “Este es un proyecto que ya tenemos avanzado en un 80%”, destacó Calderón.

En el informe se hace importante énfasis en la situación de hacinamiento, debido a que impide la realización de verdaderos programas de resocialización, especialmente las medidas de oportunidades laborales de los detenidos.

“Hay una falta de programas laborales y educativos, y se demuestra la poca transparencia en la forma como se aplican dichos programas”, registra.

Sin embargo, Calderón cuestionó esta parte del informe, al asegurar que en esta gestión se han realizado programas de resocialización que han beneficiado a 3 mil privados de libertad.

Hizo énfasis a los convenios que han hecho con entidades del Estado, como el Ministerio de Educación y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud).

El estudio, que consistió en un monitoreo que se hizo en el país durante el periodo de 2009 a 2010, hace referencia a que se encontraron fuertes indicios del empleo de la tortura, uso excesivo de la fuerza y la violencia carcelaria entre los propios detenidos.

Solamente entre octubre de 2009 a 2010, en las cárceles del país se registraron 168 hechos de violencia, que dejaron como saldo 13 detenidos fallecidos.

El informe de la Cidh hace énfasis en la sobrepoblación carcelaria, la cual es atribuida a lo que califica como abuso de la detención preventiva.

Este tema ha sido advertido por los abogados litigantes. El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, responsabiliza de la situación a los fiscales, y considera que es una oportunidad para que se busquen otras alternativas de seguridad distintas a la detención preventiva.

En el sistema, actualmente se manejan opciones como brazaletes de seguridad para la aplicación de medidas cautelares de casa por cárcel. De acuerdo con Ruiloba, medidas como estas pueden ser una alternativa, porque lo que no se busca es la impunidad, sino que se tengan otras opciones para evitar que las cárceles estén sobrepobladas.

Un estudio del propio Sistema Penitenciario Nacional reveló que la capacidad de las cárceles en Panamá es de 7 mil 300 personas, sin embargo, en estos momentos la población está muy cerca de los 15 mil privados de libertad.

También se menciona la situación de corrupción en el Sistema Penitenciario, que ha permitido la aplicación selectiva de los derechos que proporcionan los centros penales.

Abogados litigantes han denunciado constantemente tratos diferentes en las diligencias de los detenidos para asistir a sus audiencias y a sus atenciones médicas fuera del penal.

Recientemente, el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega, reconoció el problema de la corrupción en las cárceles panameñas, calificándolo como un tema del día a día, especialmente entre los custodios.