El "caso del maletín" destapó el nivel de corrupción en Venezuela

El juicio del "caso del maletín" desveló en un tribunal de Miami una vasta red de corrupción de funcionarios venezolanos y la presunta injerencia del presidente Hugo Chávez en asuntos internos de algunos países de Latinoamérica.

El caso se ventiló en un tribunal federal después de la confiscación de un maletín con 800.

000 dólares al empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson en un aeropuerto de Buenos Aires, el 4 de agosto de 2007.

El dinero provenía de la estatal Petróleos de Venezuela S.

A (PDVSA) y era una contribución de Chávez a la campaña electoral de la actual presidente de Argentina, Cristina Fernández, según declararon varios testigos de la Fiscalía Federal de Estados Unidos.

Tanto el Gobierno argentino como el venezolano lo negaron y acusaron a Estados Unidos de intentar empañar las relaciones entre los dos países latinoamericanos.

Cinco personas fueron acusadas en el caso: los venezolanos Franklin Durán, Carlos Kauffmann, Moisés Maiónica y Antonio José Canchica (que está prófugo) y el uruguayo Rodolfo Wanceele Paciello.

Estados Unidos los acusó de violar una ley de 1917 que obliga a los agentes de Gobiernos extranjeros a registrarse ante la Fiscalía General para poder actuar en el país como tales.

Pero ninguno de los acusados se enfrentaba con cargos de espionaje como suele suceder cuando es aplicada esa ley.

Los fiscales presentaron en su contra acusaciones de conspirar y actuar como agentes del Gobierno venezolano para acallar el origen y destino del maletín incautado en Argentina.

Durán y su socio Carlos Kauffmann, dueños de la petroquímica Venoco, mantenían negocios con algunas empresas estatales y vínculos con funcionarios venezolanos.

Por esos nexos el Gobierno de Chávez les encargó la misión de viajar a Miami, silenciar a Antonini Wilson y a cambio obtendrían "más negocios, más dinero y más poder", según reveló Kauffmann al testificar contra Durán.

Kauffmann, Maiónica y Wanceele Paciello se declararon culpables tras alcanzar un acuerdo con los fiscales federales para obtener condenas menos severas y Durán fue el único que decidió enfrentarse con un juicio alegando su inocencia.

Su juicio duró ocho semanas y el jurado integrado por doce personas lo declaró culpable luego de siete días de deliberaciones, periodo durante el cual el proceso corrió el riesgo de ser anulado porque el jurado al principio no lograba emitir un veredicto unánime, como se requiere en este tipo de casos.

Antonini Wilson, quien no afrontó cargos en Miami, fue el testigo estrella de la Fiscalía Federal y durante su testimonio dijo que en el avión en el que aterrizó en Buenos Aires había otra maleta con 4,2 millones de dólares.

El empresario venezolano-estadounidense también reveló que el ex funcionario argentino Claudio Uberti fue quien lo invitó a subir a ese avión en el que viajaban funcionarios de las estatales Enarsa y de PDVSA y tras el decomiso de los 800.

000 dólares estuvo en una recepción en la Casa Rosada, sede del gobierno de Argentina.

Mientras, Moisés Maiónica involucró en el caso al presidente Chávez diciendo que había encargado a la Disip (el servicio de Inteligencia de Venezuela) que asumiera el caso cuando estalló el escándalo.

Chávez asumió esa decisión, según Maiónica, después de que el presidente de PDVSA y ministro de Energía y Minas, Rafael Ramiréz, no logró resolver la solución.

Cuando le tocó el turno de declarar a Kauffmann, el empresario destapó una red de corrupción en la que habrían participado políticos, funcionarios y militares de alto rango y que le reportó a él y a Durán ganancias de cientos de millones de dólares mediante comisiones y sobornos.

Kauffmann reveló que él y Durán eran "como sus banqueros" ya que guardaban e invertían, por ejemplo, los sobornos que algunos militares obtenían a través de "muchas compañías" con las que hacían negocios.

Con lujo de detalles, el empresario describió más de once casos de corrupción en los que dijo se involucró junto con Durán.

En uno de esos casos, lograron más de 100 millones de dólares en ganancias con una reestructuración de bonos y pagaron 25 millones de dólares al ex ministro de Finanzas Tobías Nóbrega y a su equipo de asesores por presuntamente permitir su participación en la operación.