La abogada en caso jesuitas aspira que El Salvador honre obligaciones con España

Almudena Bernabeu, la abogada que lideró la querella presentada ante la Audiencia Nacional española por el asesinato de seis jesuitas en El Salvador en 1989, dijo hoy que espera que el Gobierno de Mauricio Funes honre las medidas del juez y como Estado respete sus obligaciones con España.

"Si El Salvador como Estado respetara sus obligaciones para con España, como contraparte, pero también a nivel internacional, sería un gran logro, avanzaría la investigación y permitiría que el proceso siguiera y (...) llegara a un buen término en un sentido o en otro", declaró Bernabeu a Efe.

Manifestó así su esperanza en que se respeten acuerdos bilaterales de extradición, pactos de cooperación internacional en materia penal y en que se honrarán peticiones que puedan surgir a lo largo de la causa, como cartas rogatorias o solicitudes de documentación.

"Cosas intrínsecas a la investigación, necesarias a la investigación, no tanto para acusar, también para exculpar", aseguró la experta, que visita el país dos días antes de que se cumplan 20 años del crimen de los jesuitas y dos mujeres.

El 16 de noviembre de 1989 fuerzas del Ejército salvadoreño irrumpieron en las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) y dieron muerte a su rector, el jesuita español Ignacio Ellacuría; a los sacerdotes de la misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y al salvadoreño Joaquín López y López.

Asimismo, fueron asesinadas Elba Ramos, una empleada doméstica, y su hija Celina, de 16 años.

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU) y al que pertenece Bernabeu, respaldó una demanda presentada ante la Audiencia Nacional española por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) por la matanza de los jesuitas.

El juez Eloy Velasco admitió a trámite la querella contra 14 militares salvadoreños por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

También se señaló al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1992), pero, según Bernabeu, se ha dejado "para un momento posterior" cuando haya una prueba "más contundente o más concreta".

La abogada aseguró que en el marco de la investigación cabe la posibilidad de que se dicten órdenes de arresto a nivel internacional, vía Interpol, acompañadas de una solicitud de extradición, frente a la cual El Salvador podría cumplirla o, en virtud de las convenciones internacionales, juzgar.

"Este Gobierno tiene un compromiso con el Estado de derecho, con las obligaciones internacionales de El Salvador como Estado", sostuvo.

Describió como "abierto, reformista" el discurso del Gobierno de Mauricio Funes respecto a sus obligaciones y a poner a El Salvador "a nivel de los países más responsables" en materia de derechos humanos.

Defendió, asimismo, la decisión de acudir a la Justicia española, e indicó que este proceso no es "excluyente" de las acciones que se puedan dar en El Salvador.

"La Justicia española no elimina, ni siquiera sustituye, ni siquiera viene a cuestionar de ninguna manera la Justicia salvadoreña. El esfuerzo en España es absolutamente complementario", aclaró.

De igual forma, destacó que la querella fuera interpuesta el año pasado, cuando ya habían pasado 19 años desde que fueron cometidos los asesinatos.

"No ha habido justicia, por eso la vigencia quizás de estas acciones. Los detractores de este tipo de esfuerzos siempre utilizan o emulan muchas excusas y una de ellas es el paso del tiempo", sostuvo.

"Es algo peligroso que la gente te diga que han pasado 20 años y ¿por qué ahora?; Y ¿por qué no?", se preguntó. "La puerta de la justicia no se debe cerrar" pase el tiempo que pase.