Zuloaga es llevado ante el juez por un posible delito de "ofensa" a Chávez

Un tribunal venezolano emitió hoy una orden de captura por un posible delito de "ofensa" al jefe del Estado contra el presidente de la cadena privada de televisión Globovisión, Guillermo Zuloaga, quien comparecerá en las próximas horas ante un juez.

Zuloaga, que fue retenido por la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) en el aeropuerto de Punto Fijo (530 kilómetros al oeste de Caracas) cuando se dirigía a la isla de Bonaire, en las Antillas Holandesas, debe ser trasladado hoy mismo a Caracas.

"Un señor de la DIM me dice que hay una orden de aprehensión en contra mía y que no me dejan abordar ni siquiera mi avión", afirmó en una llamada telefónica a la sede caraqueña de Globovisión, que tiene una línea editorial abiertamente opositora al Gobierno del presidente Hugo Chávez.

Poco después, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo que Zuloaga es investigado por haber responsabilizado al jefe del Estado de "disparar y echarle plomo a los venezolanos", al referirse a hechos ocurridos durante el golpe de Estado de 2002 contra el presidente venezolano.

Ortega Díaz señaló que las declaraciones de Zuloaga fueron realizadas durante una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Aruba, y pueden constituir "varios delitos por ofensa o vilipendio" y también por "divulgación de información falsa".

La fiscal general dijo que la "orden de aprehensión" surge de una solicitud de la unicameral Asamblea Nacional para iniciar una investigación por las declaraciones de Zuloaga, que son consideradas "irrespetuosas y ofensivas contra el jefe de Estado".

Agregó que se emitió la orden al considerar que Zuloaga iba a huir del país, extremo que ha sido desmentido tanto por el presidente de Globovisión como por su hijo, Carlos Zuloaga, quien afirmó que su padre iba a ir a Bonaire y volver inmediatamente.

El ex director de Globovisión Alberto Federico Ravell denunció que Zuloaga "está sufriendo lo que sufren todas las personas que son disidentes de un Gobierno que pareciera que no está actuando apegado a la ley".

En la misma línea se expresó Alejandro Aguirre, presidente de la SIP, quien desde Miami aseguró que la detención de Zuloaga es un "atropello a los derechos civiles" y "una agresión contra el derecho del pueblo venezolano a recibir información y a expresarse".

Por su parte, el presidente de la ONG venezolana Espacio Público, Carlos Correa, afirmó que "se está reprimiendo y sancionando las voces críticas, las que piensan distinto y tienen una visión crítica de lo que está pasando en el país".

La detención se produjo poco después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresase hoy en un comunicado su preocupación porque en Venezuela se utilice el poder punitivo para perseguir penalmente a los opositores y criminalizar a los defensores de derechos humanos.

Una vez conocida la detención de Zuloaga, se emitió otro comunicado en el que la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron su "profunda preocupación" por este hecho que a su juicio evidencia la alta de independencia del Poder Judicial y la utilización de la justicia criminal para castigar expresiones críticas, lo que amedrenta a toda la sociedad".

La presidenta de la Asamblea Nacional (AN), la oficialista Cilia Flores, sostuvo, sin embargo, que "la decisión de la Fiscalía venezolana se atiene a ley" y señaló que en Venezuela "no hay presos políticos, aquí lo que hay es justicia".

"Si se tiene la valentía para incurrir en el delito, que sean valientes para sumir su responsabilidad de cara a la ley", afirmó Flores ante los periodistas en la AN.

El empresario venezolano ya había sido investigado por la Fiscalía el año pasado por un supuesto caso de "usura genérica" debido a que, en una de sus residencias en Caracas, fueron hallados 24 vehículos nuevos de dos distribuidores automovilísticos de su propiedad.

Por esta acusación, Zuloaga tenía prohibida la salida del país, medida que le fue levantada en el mes de febrero pasado el mismo día que Ravell confirmaba su salida de Globovisión, por supuestas presiones gubernamentales.

Globovisión ha enfrentado en los dos últimos años varias averiguaciones administrativas por parte del ente regulador de las telecomunicaciones Conatel, que podrían suponer desde su cierre temporal hasta la revocación de la concesión para transmitir, que otorga el Estado como administrador del espectro radioeléctrico.

El canal de Zuloaga ha sido acusado por el Gobierno de cometer "terrorismo mediático" y de "enfermar, en vez de informar" a los venezolanos.