Defensora Perú cree Estado debe indemnizar a víctimas antes que a terroristas

La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, declaró hoy que el Estado peruano debe dar prioridad a las reparaciones económicas para las víctimas del terrorismo, pues no se les puede poner en un plano de igualdad con quienes cometieron "crímenes atroces".

En declaraciones a los periodistas, Merino dijo que "el Estado debe dar cumplimiento a diversas obligaciones" tanto con las víctimas como con los agresores, según varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de que cuenta con recursos limitados para afrontarlas.

Las declaraciones de Merino se producen en el marco de una polémica desatada al conocerse que el Estado pagó 30.000 dólares a la estadounidense Lori Berenson, condenada a 20 años de prisión por colaborar con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), por irregularidades en su juicio en Perú, de acuerdo a un fallo de la Corte Interamericana.

La violencia terrorista dejó en Perú alrededor de 69.000 víctimas entre 1980 y 2000, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 2003, pero hay 76.382 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas hasta la fecha.

La defensora del Pueblo opinó que corresponde establecer criterios, inspirados en la justicia, la ética y la moral, que permitan dar prioridad al cumplimiento de las reparaciones a las víctimas con relación a otras obligaciones contraídas.

Merino reiteró que el deber del Estado de reparar a las víctimas -tanto civiles como policías y militares- "constituye una obligación impostergable y de primer orden", conforme al Plan Integral de Reparaciones aprobado tras el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del 2003.

El Gobierno peruano anunció el pasado fin de semana que entregará reparaciones económicas individuales por un total de 20 millones de soles (unos 7 millones de dólares) el próximo año, el último de la gestión de Alan García.

Una marcha de víctimas del terrorismo llegó la semana pasada a Lima para exigir esos pagos al Gobierno y sus representantes se reunieron con la defensora y otras autoridades del Estado.

La defensora del Pueblo agregó que "jamás debemos olvidar que la violencia iniciada por el terrorismo produjo miles de muertos, de desaparecidos, de torturados y de personas con discapacidad permanente.

"Tanto ellos como sus familiares merecen y esperan una reparación efectiva y oportuna por parte del Estado peruano", apuntó.

Respecto a los cuestionamientos de la competencia de la Corte Interamericana, como planteó el primer ministro peruano, Javier Velásquez, Merino recomendó que el Estado refuerce sus mecanismos de defensa internacional ante el sistema interamericano, pues consideró evidente que no ha podido exponer la situación que dejó el terrorismo en el país.

Agregó que el Estado debe lograr que la Corte actúe con un especial cuidado respecto de las consecuencias que sus fallos generan en una realidad como la del Perú, "marcada por el grave daño ocasionado por el terrorismo".

Asimismo, subrayó que el Estado debe dictar la legislación complementaria que establezca criterios que permitan priorizar el cumplimiento de las reparaciones a las víctimas de la violencia, con relación a otras obligaciones contraídas por el Estado.

"Es necesario también exigir que los terroristas paguen las indemnizaciones que deben al Estado peruano", indicó la defensora.

El primer ministro Velásquez Quesquén opinó hoy, en declaraciones a Radio Programas del Perú (RPP), que el Estado peruano podría plantear reservas ante las sentencias que ordenen una indemnización a condenados por terrorismo, como ya lo han hecho Colombia, Ecuador y Chile.

El primer ministro dijo que hay que buscar mecanismos para generar criterios de igualdad, porque no se puede premiar a los que socavaron la democracia, y agregó que su propuesta podría ser canalizada a través de la Organización de Estados Americanos (OEA).