ETA comunica la cancelación de las prácticas de extorsión a los empresarios

La organización terrorista ETA comunicó la cancelación de las prácticas de extorsión a empresarios, una de sus principales vías de financiación, en el marco del alto el fuego que declaró el pasado 10 de enero.

Los representantes de los empresarios del País Vasco y de la vecina región de Navarra, en el norte de España, recibieron sendas cartas en las que la banda armada les anuncia el cese de esas prácticas, que denomina "impuesto revolucionario" y en las que exigía distintas sumas de dinero bajo amenazas.

José Antonio Sarría, presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra informó hoy de la recepción de la comunicación de ETA en una conferencia de prensa en la que dijo que desde el pasado mes de octubre no le consta que ningún empresario navarro haya recibido cartas reclamando la entrega de dinero.

La patronal vasca, Confebask, también informó de que recibió una carta similar.

Según Sarría, la misiva llegó a la sede de la organización empresarial navarra el pasado 26 de abril, dirigida a su nombre.

"En ella se nos solicitaba que pusiéramos en conocimiento de los empresarios, en particular, y de la sociedad, en general, que la exigencia del pago del impuesto revolucionario, como ellos le llaman, ha quedado cancelada", señaló.

La carta añade que "debe tomarse como una consecuencia del alto el fuego permanente y de carácter general en vigor".

Fuentes de la Confederación Empresarial Vasca consideraron este hecho "positivo y esperanzador", pero destacaron también la necesidad de mantener la prudencia.

Enrique Portacarrero, director del Circulo de Empresarios Vascos -organismo privado que reúne a directivos de las principales empresas vascas-, afirmó en declaraciones a EFE que ante la noticia de la "cancelación" de las prácticas de extorsión "hay que mantener una elemental prudencia", porque "ETA tiene muy escasa credibilidad.

También dijo que "sería muy deseable" que si la banda terrorista "quiere eliminar el chantaje a los empresarios lo hiciera no solamente durante las elecciones".

Aludía al momento elegido por ETA para comunicar la cancelación de las practicas de extorsión, a falta de menos de un mes para las elecciones locales en España y en pleno proceso sobre una eventual impugnación de las candidaturas que se sospecha que tienen vinculación con su entorno político.

El Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, impugnó ayer miércoles ante el Tribunal Supremo las 254 candidaturas presentadas por Bildu y presentó un segundo recurso sobre 16 agrupaciones de electores al considerar que esta coalición vasca es un instrumento de ETA y su brazo político, Batasuna.

Según la Abogacía del Estado, las pruebas aportadas en los recursos demuestran que esa coalición electoral es un "plan B" del entono político de la organización terrorista para tener candidatos en los próximos comicios.

Batasuna y otros grupos de la izquierda independentista vasca que intentaron tomar su relevo fueron ilegalizados por la Justicia española en virtud de la Ley de Partidos vigente desde 2002, que contempla la prohibición de las formaciones que apoyen o amparen el terrorismo, por lo que no pueden concurrir a las elecciones.

ETA, que busca por las armas la independencia del País Vasco, declaró un alto el fuego el pasado 10 de enero tras sufrir sucesivos golpes policiales en toda su estructura, con más de 400 detenidos desde 2007 y un creciente acoso de las fuerzas de seguridad en Francia y Portugal.

En sus cinco décadas de actividad ha asesinado a casi 900 personas y ha cometido decenas de secuestros y miles de extorsiones a empresarios a través de lo que denomina "impuesto revolucionario".

Según un estudio del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid Mikel Buesa, entre 1978 y 2008 ETA habría obtenido mediante el chantaje a empresarios 115 millones de euros (unos 170 millones de dólares).

Tras constatar en sus primeros años de actividad que los robos de sucursales bancarias eran demasiado arriesgados y escasamente rentables, comenzó a extorsionar a empresarios reclamándoles una cantidad de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos, su familia o sus bienes.

Inicialmente se centraba en los grandes banqueros y empresarios, pero con el paso de los años la amplió hasta alcanzar a otros colectivos, entre ellos pequeños industriales o profesionales liberales.

El colectivo empresarial fue su principal blanco de extorsión y, como consecuencia, cuarenta empresarios fueron asesinados y casi cincuenta fueron secuestrados desde que la banda inició su actividad terrorista.

El primer empresario asesinado fue el director gerente de "Sigma", Angel Berazadi, secuestrado el 18 de marzo de 1976 y que fue encontrado muerto en una carretera el 7 de abril.

El último fue Ignacio Uría, consejero de la empresa Altuna y Uría, una de las constructoras del tren de alta velocidad en el País Vasco, que fue asesinado el 3 de diciembre de 2008.

El "impuesto revolucionario" ha financiado a ETA desde hace 40 añosLa extorsión a los empresarios, denominada por los terroristas como el "impuesto revolucionario" y cuyo fin ha anunciado ETA en una carta dirigida a los empresarios vascos y navarros, ha sido una de las principales vías de financiación de la banda desde los años setenta.

Un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense Mikel Buesa cifra en 115 millones de euros lo obtenido por ETA entre 1978 y 2008 mediante el chantaje a los empresarios.

La banda terrorista, tras constatar en sus primeros años de actividad armada que los robos de sucursales bancarias eran demasiado arriesgados y escasamente rentables, comenzó a extorsionar a empresarios reclamándoles una cantidad de dinero bajo la amenaza de atentar contra ellos, su familia o sus bienes.

Inicialmente la extorsión se centraba en los grandes banqueros y empresarios, pero con el paso de los años se amplió hasta alcanzar a otros colectivos, entre ellos pequeños industriales o profesionales liberales.

 Las víctimas entregaban el dinero en el País Vasco francés, pero a medida que aumentaron las dificultades en Francia para los terroristas, cambiaron los procedimientos.

Las dos redes de extorsión desmanteladas en los años noventa utilizaban, según constataron las investigaciones, locales de organizaciones legales relacionadas con la izquierda abertzale para cobrar a sus víctimas.

También cambió el modo de pago del chantaje.

Mientras que inicialmente el dinero iba directamente y en metálico a ETA, posteriormente se emplearon modalidades más sutiles, como la esponsorización de determinadas actividades o las inversiones publicitarias en algunos medios.

La primera operación que reveló la importancia de la extorsión en las finanzas de ETA fue la efectuada por la policía francesa en la cooperativa "Sokoa" de Hendaya en noviembre de 1986.

Las investigaciones revelaron que entre 1980 y 1986 ETA había recibido más de 1.

300 millones de pesetas (8 millones de euros) por el "impuesto revolucionario" y que más de un millar de empresarios habían sido chantajeados.

Más tarde, en los años noventa la Ertzaintza desmanteló dos importantes redes de extorsión de los terroristas.

La primera, en enero de 1992, descubierta mediante la operación "Eraso", estaba dirigida por Felipe San Epifanio, "Pipe", que había sido diputado regional de HB y luego miembro del "comando Barcelona".

En agosto de 1993 la operación "Diru Gutxi" puso al descubierto otra red de cobro del "impuesto revolucionario" y permitió la detención en París de Carlos Almorza, "Pedrito de Andoain", responsable de las finanzas etarras.

Otra operación destacada contra la trama de financiación etarra se produjo en junio de 2006 y en ella se encuentran procesadas desde 2008 una veintena de personas.

Mediante esta red, que operaba supuestamente desde hacía veinte años, ETA invertía parte del dinero obtenido en una sociedad radicada en Liechtestein.

Entre los detenidos estaban los "históricos" Angel Iturbe Abásolo, presunto responsable de la red; Julen Kerman de Madariaga y Eloy Uriarte.

De esta causa se ha desglosado el 'caso Faisán' que investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA en mayo de 2006 sobre la operación policial contra esta red de chantaje y que finalmente se efectuó en junio.

En enero de 2011, la patronal navarra señaló que no tenía constancia de cartas de extorsión etarras desde octubre, pero sólo un mes antes los dirigentes de Confebask, la patronal vasca, indicaban que las misivas seguían llegando.

En anteriores treguas, ETA no interrumpió su extorsión y continuó el envío de remesas de cartas en las que exigía a los empresarios el pago del impuesto revolucionario.